La Cámara de Diputados aprobó aplazar hasta junio de 2028 la elección de integrantes del Poder Judicial, como parte de los ajustes legislativos a la reforma judicial que contempla la selección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.
El dictamen avalado por legisladores modifica el calendario originalmente previsto para la elección judicial y establece que el proceso se realice en 2028, con el argumento de dar mayor tiempo para organizar el proceso, definir reglas claras y evitar riesgos operativos en una elección considerada inédita para el país.
La discusión se dio en medio de un amplio debate político sobre la implementación de la reforma judicial, una de las modificaciones más relevantes al sistema de justicia mexicano en las últimas décadas.
Además del aplazamiento, la reforma incorpora disposiciones para impedir la participación de candidaturas vinculadas con la delincuencia organizada, así como medidas para anular procesos o resultados en caso de comprobarse injerencia extranjera.
De acuerdo con el planteamiento legislativo, estas reglas buscan blindar la elección judicial frente a financiamiento ilícito, presiones externas o posibles intentos de intervención de grupos criminales o actores ajenos al proceso democrático nacional.
La reforma también responde a las preocupaciones expresadas en torno a la elección de cargos judiciales mediante voto popular, especialmente por los riesgos de politización, influencia de intereses privados o captura de candidaturas por poderes fácticos.
Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron el aplazamiento y advirtieron que los cambios podrían abrir nuevos debates constitucionales, mientras que la mayoría legislativa defendió la medida como una vía para fortalecer la organización del proceso.
La elección judicial ha sido uno de los puntos más polémicos de la agenda legislativa, pues implicaría modificar la forma en que se integran órganos clave del Poder Judicial, incluyendo juzgados, tribunales y eventualmente la Suprema Corte.
Con la aprobación en San Lázaro, el proyecto deberá continuar su ruta legislativa correspondiente para consolidar los ajustes al calendario electoral y las nuevas reglas de participación.
De concretarse en sus términos actuales, México celebraría en junio de 2028 una elección judicial bajo nuevas condiciones legales, con filtros contra candidaturas vinculadas al crimen organizado y mecanismos de nulidad ante intervención extranjera.
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