La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para aplazar hasta 2028 la elección popular de jueces, magistrados y ministros contemplada dentro de la reforma judicial, además de incorporar nuevas reglas para sancionar cualquier tipo de injerencia extranjera en el proceso.
El proyecto avalado en comisión establece que cualquier candidatura o incluso el resultado de una elección judicial podrá declararse nulo si se acredita participación, financiamiento, respaldo o intervención de gobiernos extranjeros, organismos internacionales o actores externos que busquen influir en el proceso.
La propuesta forma parte de los ajustes legislativos derivados de la reforma judicial impulsada por el oficialismo y busca redefinir las condiciones bajo las cuales se realizaría la elección de integrantes del Poder Judicial mediante voto ciudadano.
De acuerdo con legisladores que respaldaron el dictamen, el aplazamiento hasta 2028 permitiría construir reglas más claras, fortalecer mecanismos de organización electoral y evitar riesgos operativos o legales en la implementación de uno de los cambios más profundos al sistema judicial mexicano en décadas.
Entre los puntos centrales también se contempla reforzar restricciones sobre propaganda, financiamiento y posibles campañas de influencia relacionadas con actores internacionales.
La discusión sobre la elección judicial ha generado fuertes divisiones políticas y jurídicas desde que fue planteada. Mientras sectores afines al gobierno sostienen que democratiza al Poder Judicial y combate privilegios, críticos advierten riesgos de politización, presión partidista y vulnerabilidad frente a intereses externos o criminales.
La inclusión de causales de nulidad por injerencia extranjera ocurre en un contexto internacional donde distintos países han endurecido controles sobre financiamiento externo y campañas de influencia en procesos democráticos.
Durante la discusión en comisión, legisladores de oposición expresaron reservas sobre algunos alcances de la reforma y sobre la posibilidad de que conceptos como “injerencia” puedan interpretarse de manera amplia o discrecional.
El dictamen todavía deberá discutirse y votarse en el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado antes de una eventual entrada en vigor.
De aprobarse en sus términos actuales, la elección judicial quedaría oficialmente reprogramada para 2028, modificando el calendario originalmente previsto tras la aprobación inicial de la reforma.
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