El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley del Sistema de Cuidados, una norma histórica que busca redistribuir las tareas de cuidado entre el Estado, las familias, las empresas y la sociedad. Con este paso, la capital se convierte en una de las primeras entidades del país en contar con una legislación específica para reconocer, organizar y financiar una política pública en torno a los cuidados.
Un derecho con presupuesto
La nueva ley reconoce el derecho humano al cuidado en sus tres dimensiones: recibir cuidados, brindarlos y ejercer el autocuidado. Además, establece que el presupuesto destinado al sistema deberá ser progresivo, es decir, crecer año con año y reflejarse en un anexo transversal del Presupuesto de Egresos de la Ciudad. Con ello, el Congreso busca evitar que la política de cuidados quede en el discurso y asegurar recursos para volverla operativa.
El dictamen también crea una Junta del Sistema de Cuidados y una Secretaría Ejecutiva, encargadas de coordinar la implementación de la ley y de elaborar un Programa Especial de Cuidados en un plazo de 180 días. Ese programa deberá incluir diagnósticos territoriales, información estadística y georreferenciada para identificar dónde se concentra la demanda de servicios y dónde falta infraestructura pública.
Centros y servicios
Entre los ejes centrales de la ley está la creación y fortalecimiento de centros de cuidado para niñas y niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas en situación de calle. La legislación también plantea articular servicios públicos con enfoque territorial y desarrollar una red que permita atender a quienes cuidan y a quienes requieren cuidados.
La propuesta impulsada por el gobierno capitalino de Clara Brugada además incorpora la idea de licencias de cuidado, una medida que podría otorgarse a trabajadoras y trabajadores en situaciones urgentes relacionadas con dependencias familiares o personales. Esa disposición busca reconocer que la carga de cuidados no debe recaer de manera desproporcionada en las mujeres, sino compartirse entre distintos actores sociales e institucionales.
Corresponsabilidad social
Uno de los elementos más relevantes de la nueva ley es que coloca la corresponsabilidad en el centro: el cuidado deja de verse como una obligación privada y pasa a ser una responsabilidad compartida entre gobierno, familias, sector privado y sociedad. Legisladoras que impulsaron el dictamen sostuvieron que esto permitirá reducir brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, además de reconocer el valor económico y social de las labores de cuidado, tradicionalmente invisibilizadas.
La discusión legislativa también se dio bajo presión jurídica, luego de que un juez ordenó al Congreso capitalino publicar la ley antes de que concluya mayo de 2026. Esa resolución aceleró el proceso y empujó la votación en el pleno, que terminó por avalar el proyecto de forma unánime. Con ello, la Ciudad de México se coloca entre las primeras entidades en formalizar un sistema público de cuidados con base legal propia.
Qué cambia en la capital
La aprobación representa un giro en la forma en que la capital concibe el bienestar social. No solo se trata de abrir centros o ampliar servicios, sino de reconocer que el trabajo de cuidado sostiene la vida cotidiana y la economía, aunque históricamente haya recaído en silencio sobre millones de mujeres. Con esta ley, la CDMX apuesta por una política más amplia, con planeación, presupuesto y obligaciones concretas para el Estado.
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