La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en que existe una intención de influir desde el extranjero en asuntos políticos de México, aunque expresó reservas sobre atribuir esa estrategia directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre una carta difundida por López Obrador, en la que advierte sobre presuntos intentos de intervención extranjera en los procesos políticos nacionales. Al respecto, Sheinbaum señaló que comparte la preocupación por cualquier acción que busque influir en las decisiones soberanas del país.
“Quieren usar a México”, afirmó la presidenta al referirse a los intereses políticos y económicos que, desde el exterior, buscan incidir en la agenda nacional. Sin embargo, aclaró que no cuenta con elementos para asegurar que dichas acciones formen parte de una estrategia impulsada directamente por el gobierno estadounidense.
“Tengo mis reservas”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Donald Trump encabece una ofensiva de ese tipo, aunque reiteró que México debe mantenerse atento ante cualquier intento de injerencia.
Sheinbaum subrayó que la relación con Estados Unidos debe mantenerse bajo principios de respeto mutuo, cooperación y reconocimiento pleno de la soberanía nacional. En ese sentido, reiteró que las decisiones políticas del país corresponden exclusivamente al pueblo mexicano y a sus instituciones democráticas.
Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones derivadas de temas como seguridad, migración, combate al narcotráfico y la reciente elección judicial celebrada en México, asuntos que han generado posicionamientos y debates tanto dentro como fuera del país.
La presidenta insistió en que su gobierno mantendrá una relación de diálogo con Washington, pero sin aceptar presiones o intervenciones que vulneren la autodeterminación nacional. Asimismo, defendió la importancia de fortalecer las instituciones democráticas mexicanas para garantizar que las decisiones públicas respondan únicamente a los intereses de la ciudadanía.
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