La acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvió a tensar la conversación política y judicial entre ambos países. Autoridades estadounidenses señalaron al mandatario y a otros funcionarios activos y retirados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, pero en México la SRE y la FGR advirtieron que la solicitud no cuenta, hasta ahora, con elementos probatorios suficientes para proceder de manera automática.
De acuerdo con la imputación difundida en Estados Unidos, Rocha Moya y otros nueve señalados habrían abusado de sus cargos para apoyar actividades del grupo criminal a cambio de presuntos sobornos. La acusación también menciona supuesta intervención del crimen organizado en el proceso electoral de Sinaloa de 2021, aunque la documentación pública revisada no precisa pruebas directas ni operaciones específicas que sostengan esos señalamientos.
La Fiscalía General de la República, a través del fiscal especial Ulises Lara, informó que fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre solicitudes de detención provisional con fines de extradición realizadas por el gobierno estadounidense. Sin embargo, explicó que la Fiscalía debe analizar si existen datos de prueba suficientes y si la petición cumple con los requisitos establecidos por la ley mexicana y el tratado bilateral en la materia.
Uno de los puntos más delicados es que la FGR afirmó que la solicitud “no se acompaña de elementos probatorios suficientes” que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados. Además, señaló que, en casos de personas con fuero como gobernadores o senadores, primero debe seguirse un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de solicitar una orden de aprehensión.
También hubo un reclamo institucional por la divulgación de información que, de acuerdo con las propias reglas de cooperación internacional, debía mantenerse bajo reserva. La FGR sostuvo que este tipo de solicitudes deben manejarse con confidencialidad, debido a que su difusión puede afectar procedimientos penales tanto en México como en Estados Unidos.
Por ahora, el caso queda en una etapa de revisión jurídica. México no ha cerrado la puerta a investigar, pero tampoco validará una solicitud internacional sin pruebas suficientes. En un expediente de alto impacto político, la ruta dependerá de lo que puedan acreditar formalmente las autoridades estadounidenses y del análisis que realicen la SRE y la FGR conforme a la legislación mexicana.
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