El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, desató una amplia exigencia de justicia a nivel local y nacional, luego de que fuera ultimado el pasado 1 de noviembre durante la celebración del Festival de las Velas, evento conmemorativo del Día de Muertos en el centro histórico de la ciudad. El ataque no solo generó pánico entre asistentes, sino que también profundizó la preocupación por la violencia dirigida contra autoridades municipales en la entidad, posicionando a Manzo como el sexto alcalde asesinado en México en 2025 y el tercero únicamente en Michoacán.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó públicamente el crimen, asegurando que el gobierno federal fortalecerá la presencia de seguridad, inteligencia y combate a la impunidad en Michoacán y otras entidades vulnerables. Subrayó el contacto directo con la familia de Manzo y señaló la coordinación del Gabinete de Seguridad con las autoridades locales para esclarecer los hechos, detener a los responsables materiales e intelectuales, y “brindar todo el apoyo necesario a los deudos”.
Según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el alcalde contaba al momento del ataque con 14 escoltas, entre Guardias Nacionales y policías municipales de confianza, quienes se encargaban de su seguridad inmediata y periférica. Desde diciembre de 2024 se le había asignado escolta oficial, reforzada nuevamente en mayo por solicitud propia, aunque en últimas reuniones Manzo no solicitó tropas adicionales, solo evaluó la estrategia en marcha.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que tras el atentado las fuerzas estatales y federales detuvieron de inmediato a dos posibles testigos, entre ellos el regidor de desarrollo y obras de Uruapan y uno de los heridos, aunque su vínculo con el agresor no está comprobado. El atacante fue abatido en el lugar y las investigaciones forenses continúan para confirmar su identidad y la relación del arma incautada con otros hechos delictivos previos en la región.
El gobierno federal y las autoridades estatales prometieron que “no habrá impunidad” y que se intensificarán los esfuerzos coordinados para fortalecer la seguridad no solo en Uruapan, sino en toda la región afectada por células criminales, que mantienen altos niveles de violencia. El caso de Manzo reabre el debate sobre los mecanismos de protección para autoridades locales, la estrategia federal en zonas de conflicto y la urgencia de construir modelos de justicia que atiendan las causas profundas del crimen organizado.
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