Integrantes de la Asamblea de Barrios irrumpieron este jueves en el Congreso de la Ciudad de México, generando momentos de tensión, empujones y un intento de portazo que obligó a suspender la sesión y resguardar a los diputados en el interior del recinto. La manifestación, que comenzó como una protesta en calles aledañas, escaló cuando el grupo intentó ingresar por la fuerza al edificio ubicado en la calle de Donceles, en el Centro Histórico.
¿Qué pasó en el Congreso?
Los primeros reportes indican que la sesión ordinaria fue interrumpida abruptamente cuando el presidente de la mesa directiva, Jesús Sesma, detuvo el orden del día y dictó un receso, al advertir que el personal de seguridad enfrentaba presión creciente de los manifestantes. Algunos diputados narraron empujones, forcejeos con la seguridad y el temor de que el caos avanzara al salón de plenos, por lo que se activaron los protocolos de resguardo y se mantuvo a la legislatura al interior.
Varios videos difundidos en redes sociales muestran a integrantes de la Asamblea de Barrios golpeando puertas, rompiendo cristales en la entrada principal y tratando de acceder mientras el personal de seguridad utilizaba extintores, vallas y otros mecanismos para contener la entrada. Menos de una decena de manifestantes lograron colarse al interior del edificio, lo que generó una situación de máxima tensión antes de que el Congreso quedara cerrado y la sesión fuese suspendida, al menos de manera temporal.
Los hechos dejaron también bloqueos parciales y afectaciones viales en calles como Donceles y Allende, donde se concentraron los manifestantes y las fuerzas de seguridad. La Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Protección Civil solicitaron a la ciudadanía mantenerse alejada de la zona y utilizar rutas alternas, mientras el recinto adaptaba su seguridad para el eventual retorno de los trabajos legislativos.
Las demandas de la Asamblea de Barrios
La Asamblea de Barrios llegó al Congreso como parte de una movilización por derecho a la vivienda y al territorio, en el marco de la discusión del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México. En un comunicado previo, la organización y otras organizaciones sociales de Azcapotzalco advirtieron que el PGD podría vulnerar derechos en materia de uso del suelo, regularización de predios y permanencia de comunidades, y exigieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Entre sus principales demandas figuran el destinar presupuesto suficiente para vivienda social, frenar desalojos y garantizar la participación real de las comunidades en la definición de planes urbanísticos que afectan sus barrios. La Asamblea recordó que ya había protestado frente al Congreso en años anteriores para exigir más recursos para vivienda y obras de infraestructura en zonas clasificadas como “pueblos” dentro de la metrópoli.
El grupo sostiene que, pese a que el Congreso legisla sobre temas de vivienda y desarrollo urbano, sus voces no han sido incorporadas equitativamente en el debate, y que el Congreso responde más a intereses de constructores y corporaciones privadas que a las necesidades de los habitantes de barrios históricos y pueblos originarios. Por ello, para la organización, la irrupción fue un acto de presión directa, aunque técnicamente no violento contra personas, sino dirigido a visibilizar la urgencia de sus demandas.
Reacciones políticas y balance
Dirigentes del Congreso capitalino condenaron la invasión del recinto parlamentario y calificaron el suceso como un golpe a la separación de poderes y a la dignidad del trabajo legislativo. Algunos legisladores adelantaron que se revisarán, a través de la Junta de Coordinación Política, los protocolos de seguridad y el uso de cámaras para deslindar responsabilidades, y se estudiarán las reformas necesarias para impedir que un edificio público sea sometido a semejante intento de ocupación.
Por otro lado, voces de la sociedad civil se dividieron en las reacciones: mientras unos criticaron la invasión a un recinto legislativo, otros señalaron que el acceso a la ciudadanía al debate sobre vivienda y territorio ha sido históricamente restringido, y que la falta de ámbitos de participación legítima puede empujar a acciones de presión más intensas. Lo que sí es claro es que el Congreso de la CDMX vivió uno de los episodios de mayor tensión interna de los últimos años, y que el caso podría reabrir el debate sobre cómo se asegura tanto la integridad del recinto como la participación social en las decisiones que más afectan a las comunidades más vulnerables.
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