El Senado de la República aprobó la noche del 25 de marzo la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como el “plan B”, pero con un cambio que movió por completo la discusión política: quedó fuera la parte que buscaba modificar la revocación de mandato para permitir que pudiera realizarse en 2027. La minuta fue avalada con 87 votos a favor y 41 en contra, y enviada a la Cámara de Diputados para continuar su ruta legislativa.
El ajuste no fue menor. Aunque Morena y sus aliados lograron la mayoría calificada para sacar adelante la reforma, el Partido del Trabajo condicionó su respaldo a que se eliminara todo lo relacionado con el artículo 35 constitucional, es decir, el apartado referente a la revocación. La reserva fue presentada por la senadora Liz Sánchez García, con el argumento de que ese mecanismo debía mantenerse en sus términos actuales para conservar su naturaleza democrática y no empatarse con la elección intermedia.
Con ese movimiento, el pleno del Senado dejó intacta la fecha vigente para la revocación, por lo que ese ejercicio se mantendría en 2028 y no en 2027. El acuerdo exhibió una grieta momentánea dentro del bloque oficialista, aunque desde el propio PT se insistió en que no hay ruptura con la llamada alianza de la 4T. De hecho, el dirigente petista Alberto Anaya aseguró en tribuna que su partido seguiría respaldando a Sheinbaum y que la coalición se mantendrá firme rumbo a 2027 y 2030.
Más allá del jaloneo interno, la reforma avanzó con el respaldo de Morena, PT y PVEM bajo el argumento de que plantea medidas de austeridad y reducción de privilegios en el sistema electoral, incluyendo recortes a presupuestos de congresos locales y del propio Senado, así como ajustes a remuneraciones de consejeros, magistrados y funcionarios electorales. Desde la mayoría, la defensa fue que se trata de una modificación para racionalizar el gasto público y fortalecer la participación ciudadana.
La oposición, en cambio, cerró filas contra el proyecto. Senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron que la reforma tiene una clara intencionalidad política y sostuvieron que el cambio sobre revocación abría la puerta para meter a la presidenta en la contienda intermedia de 2027. Incluso tras retirar ese punto, mantuvieron sus críticas y votaron en bloque en contra, insistiendo en que el llamado “plan B” sigue siendo una reforma con implicaciones de alto calibre para el equilibrio institucional.
Al final, el Senado sí aprobó el “plan B”, pero no en los términos originales que empujaba Palacio Nacional. El mensaje político es doble: por un lado, la mayoría legislativa volvió a demostrar capacidad para sacar reformas constitucionales; por el otro, el episodio dejó claro que incluso dentro del oficialismo hay temas que no pasan intactos. La revocación quedó fuera, el debate sigue vivo y ahora la pelota está del lado de San Lázaro.
Deja una respuesta