Lo que comenzó como una alerta ambiental en el Golfo de México ya se convirtió en un caso de dimensión penal. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este 23 de marzo de 2026 que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga el derrame de petróleo que ha afectado aguas y playas de Veracruz y Tabasco, al asegurar que en este asunto “ya hay delito penal”.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el derrame habría sido provocado por un barco privado y no por Pemex. Sin embargo, dejó claro que la petrolera mexicana ya participa en las labores de limpieza del océano y de las zonas costeras afectadas, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar con precisión la responsabilidad del caso.
El mensaje no es menor: el Gobierno federal ya colocó el tema en el terreno judicial y ambiental. Sheinbaum informó además que pidió a Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, trasladarse personalmente a la zona para revisar la magnitud de la emergencia y definir si se requieren más recursos para contener y reparar los daños.
Pero más allá del deslinde preliminar, el fondo del asunto es otro: quién paga por el daño y quién responde ante las comunidades afectadas. La Presidenta subrayó que la empresa propietaria del barco deberá resarcir los daños ambientales, mientras que en la ruta administrativa también entrarían autoridades como la Profepa y la ASEA, además de la propia FGR en el ámbito penal.
La preocupación ha crecido porque organizaciones como la «Red Corredor Arrecifal del Golfo de México» denunciaron que el derrame, detectado desde principios de marzo, habría impactado más de 630 kilómetros de litoral, una dimensión que coloca el caso entre los episodios de contaminación más delicados de las últimas semanas en la región. Aunque todavía no existe una resolución oficial sobre el alcance total del daño, el tema ya abrió un frente que mezcla crisis ambiental, responsabilidad empresarial y presión política.
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