La Suprema Corte de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles globales impuestos por Donald Trump, al concluir que el entonces presidente se excedió en sus facultades al usar una ley de poderes de emergencia para fijar gravámenes generalizados a las importaciones. El fallo, aprobado por seis votos contra tres, representa un revés histórico para la política comercial impulsada por Trump en su regreso a la Casa Blanca y abre la puerta a reclamos millonarios de empresas afectadas por el encarecimiento de productos extranjeros.
Qué aranceles fueron anulados y cuáles siguen vigentes
La resolución del máximo tribunal se centra en los llamados “aranceles recíprocos” y otros gravámenes generalizados que Trump aplicó a casi todos los países, amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). Los jueces determinaron que esta norma no otorga al presidente autoridad ilimitada para modificar la política arancelaria, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso, por lo que la Casa Blanca debió contar con una autorización clara del Legislativo.
Sin embargo, el fallo no derriba todos los aranceles de la era Trump. Permanecen en vigor los gravámenes del 50% al acero y al aluminio, así como el 15% a los automóviles, que fueron justificados bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, un marco legal distinto que permite imponer tarifas por razones de seguridad nacional. La Corte acotó su decisión a los impuestos sustentados en la IEEPA, dejando intactos los aranceles sectoriales adoptados con otras herramientas legales.
Argumentos de la Corte y la división interna
En su razonamiento, la Suprema Corte sostuvo que la administración Trump hizo un uso “generalizado y abusivo” de los poderes de emergencia de la IEEPA, al convertirlos en un instrumento para rediseñar la política comercial sin controles del Congreso. La mayoría consideró que el Ejecutivo reinterpretó la ley más allá de sus límites, al utilizarla para fijar aranceles globales ligados al déficit comercial o al combate al tráfico de drogas, sin cumplir las limitaciones procesales y sustantivas previstas en otras leyes arancelarias.
Tres jueces —Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh— votaron en contra y defendieron una interpretación más amplia de las facultades presidenciales, al considerar que la emergencia económica y de seguridad nacional justificaba la estrategia de presión comercial de Trump. Pese a esa disidencia, la sentencia se impone con una mayoría sólida de seis magistrados y marca un precedente clave sobre el alcance de los poderes del Ejecutivo en materia de comercio internacional.
Impacto económico y posibles reembolsos
Uno de los efectos inmediatos del fallo es que miles de empresas importadoras podrían reclamar devoluciones de los aranceles pagados al amparo de las medidas ahora invalidadas, lo que supondría reembolsos de miles de millones de dólares. Firmas en sectores como el textil, electrónico, agrícola y de bienes de consumo habían denunciado durante años que los gravámenes encarecían insumos, reducían competitividad y terminaban trasladándose a los precios al consumidor.
Analistas advierten que, aunque la anulación parece un alivio para el comercio global, también abre un escenario de incertidumbre, pues la Casa Blanca podría intentar reconfigurar su política arancelaria recurriendo a otros instrumentos legales más focalizados, como nuevas investigaciones sectoriales basadas en seguridad nacional. Esto podría derivar en tarifas más específicas y potencialmente más dañinas para industrias concretas dentro y fuera de Estados Unidos.
Reacción de Trump y efectos para socios como México
El presidente Donald Trump ya había advertido que un fallo adverso provocaría un “golpe a la seguridad nacional” y afectaría su estrategia para presionar a países como China, México y Canadá en temas de comercio y combate al tráfico de drogas. Tras conocerse la decisión, asesores cercanos señalaron que el gobierno analizará “alternativas legales inmediatas” para mantener cierto nivel de protección arancelaria, incluso a través de nuevas medidas sectoriales bajo la Sección 232.
Para México, principal socio comercial de Estados Unidos y protegido en buena medida por el T-MEC, el impacto directo es limitado en el corto plazo, pero el fallo reconfigura el riesgo estructural: al restringir el uso de la IEEPA, Washington podría optar por aranceles más focalizados contra industrias específicas, lo que generaría presiones adicionales sobre exportadores mexicanos. La decisión de la Suprema Corte se convierte así en un punto de inflexión tanto para la política comercial estadounidense como para la relación económica con sus principales socios.
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