El pasado 20 de mayo de 2025, la Ciudad de México fue sacudida por un ataque que terminó con la vida de dos colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada: Ximena Guzmán y José Muñoz. Este crimen ocurrió a plena luz del día en una zona concurrida frente a la estación Xola del Metro, una de las áreas más vigiladas de la capital. La brutalidad y precisión del ataque, ejecutado con una violencia que conmocionó a la sociedad, evidencian no sólo un delito común, sino un ataque con posibles fines políticos y de desestabilización que ponen en jaque la seguridad en la capital.
A un mes de este lamentable suceso, Clara Brugada ha prometido actuar con firmeza, asegurando que no habrá impunidad en este caso. La funcionaria ha recordado públicamente a sus colaboradores asesinados y ha reafirmado su compromiso para que la justicia se imponga sin retrasos ni dilaciones. Esta declaración es crucial, ya que representa la determinación del gobierno capitalino para enfrentar un crimen que va más allá del daño personal y se inscribe en un contexto de violencia política y ataques contra el Estado.
Las investigaciones iniciales apuntan a que el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz podría ser una venganza directa del crimen organizado. Esta hipótesis se sostiene en la reciente captura de cabecillas de cárteles en la Ciudad de México, incluido un líder local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido pocos días antes del ataque. Se presume que estos golpes al narcotráfico generaron represalias contra personas cercanas a Brugada, ya que la propia jefa de Gobierno está protegida por un círculo de seguridad que impide un ataque directo contra ella. La táctica del agresor, considerada de alta precisión y con entrenamiento profesional, reforzó la idea de que detrás está una estructura criminal bien organizada, que utilizó el momento y el lugar para enviar un mensaje claro de poder y desafío al gobierno local.
No obstante, el caso ha enfrentado obstáculos en la investigación. A pesar de la vigilancia en la zona y la supuesta existencia de más de 90 mil cámaras de seguridad y 80 mil policías desplegados en la capital, hasta ahora no se ha detenido al autor material del doble homicidio. Esta falta de avances ha generado preocupación entre la ciudadanía y la propia administración, que no quiere apresurarse a fabricar culpables sin pruebas sólidas. Algunas fuentes indican que se está explorando la posibilidad de que el sicario haya sido ejecutado poco después del ataque, lo que complicaría aún más la búsqueda y esclarecimiento del crimen.
Clara Brugada ha destacado que, a pesar del dolor y la amenaza implícita, su gobierno no cederá ante la intimidación ni la violencia. El mensaje es claro: se mantendrá la firmeza en el combate a la delincuencia y en la protección de su equipo. Además, ha reconocido el apoyo y coordinación con instancias federales para avanzar en las investigaciones, garantizando que los responsables serán llevados ante la justicia. Este caso debe servir para fortalecer las políticas públicas de seguridad y la vigilancia ciudadana, no para paralizar las acciones del Estado frente a la criminalidad.
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