El gobierno de La Magdalena Contreras, bajo la gestión de Luis Gerardo Quijano, ha dado luz verde a construcciones que desafían el decreto de suspensión vigente desde 2020. Esta decisión parece más un guiño a los intereses de las inmobiliarias que un acto de responsabilidad con el medio ambiente, poniendo en jaque la ya delicada situación de las reservas acuíferas y la calidad del Río Magdalena.