En un paso significativo para consolidar la soberanía alimentaria y preservar el patrimonio biocultural de México, el Gobierno ha anunciado una nueva versión del decreto presidencial que regula el cultivo y uso del maíz en el país. México, reconocido como el centro de origen de más de 55 razas de maíz, busca con esta medida asegurar la sostenibilidad de este recurso fundamental para la seguridad alimentaria y la riqueza gastronómica del país.
La política de seguridad alimentaria del Gobierno se centra en la preservación de este patrimonio biocultural, respaldando las prácticas agroecológicas de las comunidades campesinas y la tradición de la milpa. La nueva versión del decreto tiene como objetivo principal proporcionar claridad en los objetivos y alcances de las políticas públicas, eliminando posibles interpretaciones ambiguas presentes en el texto predecesor.
Entre las precisiones más destacadas del nuevo decreto se encuentra la estricta delimitación al maíz, excluyendo la canola, la soya, el algodón y otras materias primas de su regulación. Además, se establece una categorización del maíz según su uso, dividiéndolo en alimentación humana (masa y tortilla), forraje e industrializado para alimentación humana.
Una de las medidas más notables es la prohibición del uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla, reforzando la autosuficiencia de México en la producción de maíz blanco libre de transgénicos. Esta decisión, respaldada por evidencia técnico-científica, no afectará el comercio ni las importaciones, sino que busca consolidar la seguridad alimentaria en un insumo central de la cultura mexicana.
En relación con el uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, el decreto elimina la fecha límite para su prohibición, condicionándola a la existencia de suficiencia en el abasto. Se planea establecer mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para facilitar una transición ordenada en este aspecto.
Un aspecto clave es la especificación de que la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) llevará a cabo investigaciones científicas sobre los posibles impactos en la salud de las personas del maíz genéticamente modificado, en colaboración con agencias sanitarias de otros países. Esta medida refuerza el compromiso de México con el T-MEC, asegurando que las decisiones fitosanitarias estén respaldadas por evidencia científica.
En resumen, este nuevo decreto representa un paso firme hacia la protección y preservación del maíz como un recurso central en la identidad y seguridad alimentaria de México, reafirmando el compromiso del país con prácticas sostenibles respaldadas por la evidencia científica.
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