La noche del jueves 7 de marzo, un lamentable enfrentamiento se registró entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero y estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa. El choque violento dejó como saldo un normalista muerto y otro herido de gravedad.
De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de las 21:00 horas, policías estatales realizaban un operativo de seguridad y vigilancia en la salida de Chilpancingo hacia Tixtla cuando detectaron una camioneta con reporte de robo, en posesión de normalistas de Ayotzinapa. Al intentar detenerla, fueron agredidos por los normalistas. Los uniformados repelieron la agresión, derivando en un enfrentamiento que terminó con la quema de una patrulla.
Los estudiantes acusan que fueron los policías quienes iniciaron el ataque y no ellos, contrario a lo señalado por las autoridades. «No nos rendiremos ante esta injusticia», expresaron representantes de los normalistas.
El suceso ha generado indignación y conmoción, pues evoca los trágicos hechos de 2014, cuando 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero. Dicho caso fue calificado como un «crimen de Estado» por la actual administración federal.
Las reacciones de la sociedad civil no se han hecho esperar. Organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado enérgicamente el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y exigen una investigación exhaustiva e imparcial.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del normalista e instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) a atraer el caso para su pronta resolución.
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