La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó que, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se han congelado las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de empresas relacionadas, socios y familiares. Esta medida se llevó a cabo como parte de una investigación financiera que busca combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, corrupción y otros delitos financieros.
La decisión de bloquear estas cuentas responde a la detección de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas, y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal. Bermúdez Requena, conocido por ser uno de los funcionarios más cercanos al exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, ha sido vinculado a grupos criminales como «La Barredora». Actualmente, se encuentra bajo investigación desde noviembre de 2024 por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado.
La familia de Bermúdez Requena también ha sido objeto de atención debido a su amplio imperio empresarial en Tabasco, que incluye más de veinte empresas. Entre ellas se destacan Lorelca, S. de R.L. de C.V.; Constructora Grupo Feel, S.A. de C.V.; y Inmobiliaria Ronapa, S.A. de C.V., relacionadas con su esposa, Elba Bermúdez. Además, sus sobrinos, Raúl y Gerardo Bermúdez Arreola, también tienen participación en varias empresas en Villahermosa. Sin embargo, Gerardo Bermúdez fue detenido recientemente en Paraguay por su participación en apuestas ilegales y posibles estafas al Estado.
De manera simultánea a las acciones de la UIF, la Secretaría de Gobernación ha suspendido las actividades de varias empresas dedicadas a juegos y apuestas, algunas de las cuales están vinculadas con familiares de Bermúdez Requena. Estas empresas están bajo revisión por posibles estructuras financieras similares a las detectadas en la investigación principal.
La coordinación entre estas instancias gubernamentales refleja un esfuerzo conjunto para combatir la corrupción y el lavado de dinero, asegurando que las autoridades mantengan un control estricto sobre las transacciones financieras sospechosas en el país.
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