Un tribunal federal volvió a poner bajo los reflectores uno de los casos más polémicos de la historia reciente de México: el de Mario Aburto Martínez, señalado como el asesino de Luis Donaldo Colosio. Un órgano colegiado ordenó reponer el procedimiento de investigación por tortura en su contra y le concedió un amparo, con lo que se abre la puerta a revisar de nuevo si el Estado mexicano actuó conforme a derecho en las primeras horas y días posteriores al magnicidio de 1994.
De acuerdo con la resolución, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal detectó vicios procesales en el juicio de amparo original promovido por Aburto, particularmente porque no se citó a comparecer como terceros interesados a los exfuncionarios señalados en su denuncia por tortura física y psicológica. El tribunal ordenó que se repita el juicio de amparo desde el inicio, se llame a los presuntos responsables y se emita una nueva sentencia, lo que podría reactivar la línea penal en torno a los malos tratos que el detenido dijo haber sufrido tras su captura en Tijuana y durante su traslado a la Ciudad de México.
En su recurso, Mario Aburto sostiene desde hace años que fue objeto de tortura, que su confesión fue obtenida bajo coacción y que su familia también fue intimidada y presionada. Estas acusaciones no solo buscan el reconocimiento de violaciones a sus derechos humanos, sino que podrían incidir indirectamente en la valoración histórica y jurídica del caso Colosio. La reposición del procedimiento significa que la Fiscalía General de la República (FGR) no podrá dar carpetazo definitivo a la investigación por tortura sin antes demostrar, de manera sólida, que indagó a fondo las denuncias del sentenciado.
La decisión del tribunal llega en un momento en que el expediente de Aburto ya estaba de nuevo en el radar del Poder Judicial. A inicios de año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo otro amparo para revisar si la condena de 45 años que se le impuso fue calculada conforme al marco legal correcto, pues la defensa argumenta que debió aplicarse el código penal de Baja California y no el federal, lo que habría implicado que la pena ya se cumplió. Ahora, con este nuevo revés procesal, el entramado jurídico que rodea al único sentenciado por el homicidio de Colosio se complejiza aún más.
Aunque la reposición del juicio de amparo no implica la liberación de Aburto ni una revisión directa de su responsabilidad en el magnicidio, sí representa un paso importante en materia de debido proceso y rendición de cuentas sobre las prácticas de investigación de los años noventa. Para una sociedad que aún se pregunta qué ocurrió realmente en Lomas Taurinas, la orden de reabrir la ruta de la tortura envía un mensaje: a más de tres décadas, el sistema de justicia todavía tiene cuentas pendientes con la verdad y con las víctimas, incluyendo a quienes alegan haber sido vulnerados en nombre de esa misma justicia.
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