El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el dictamen de la nueva Ley de Aguas Nacionales se está ajustando para incorporar las preocupaciones de campesinos, pequeños propietarios y productores de diversos estados del país. De acuerdo con el legislador, la intención es evitar afectaciones a derechos adquiridos y garantizar que el agua destinada al campo no termine desviándose hacia usos industriales en detrimento de la agricultura.
Monreal detalló que en las últimas semanas ha sostenido reuniones con representantes de entidades como Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y Chihuahua. Entre las principales demandas se encuentran dar seguridad jurídica sobre los pozos y los volúmenes de extracción autorizados, así como simplificar los trámites de regularización, especialmente para quienes tienen más de dos décadas operando pozos sin poder completar su situación legal ante las autoridades hídricas.
Otro punto central del debate es la relación entre tierra y agua. Ejidatarios y comuneros exigen que ambos elementos se mantengan vinculados al momento de heredar o vender la propiedad, con el fin de evitar la especulación, el acaparamiento del recurso y la concentración en manos de grandes corporaciones. Monreal señaló que esta inquietud está siendo atendida y subrayó que el objetivo de la reforma es ordenar el aprovechamiento del agua, proteger a quienes producen en el campo y cerrar el paso al uso indebido del recurso.
En el plano legislativo, el coordinador de Morena anticipó que el dictamen podría estar listo “en horas o días”, aunque recalcó que se respetarán los plazos reglamentarios para que todas las fuerzas políticas revisen el documento antes de llevarlo al Pleno. Reiteró que la prioridad es que la nueva Ley de Aguas Nacionales ponga en el centro al pequeño propietario, al ejidatario y al comunero, y que se mantendrán abiertas las puertas al diálogo con los sectores involucrados mientras dure el proceso de dictaminación.
Las discusiones en San Lázaro ocurren en paralelo a los bloqueos carreteros que organizaciones campesinas mantienen desde el 24 de noviembre en varios estados del país. Los productores exigen precios de garantía justos para sus cosechas y participación real en la reforma hídrica, mientras sostienen mesas de trabajo con la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación. Aunque la autoridad federal ha llamado a retirar los bloqueos por el impacto a la población y al transporte, los cierres continúan en distintos puntos mientras un grupo de representantes negocia en la capital.
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