La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentra en los preparativos finales para la sesión solemne que validará la elección presidencial. Esta sesión podría llevarse a cabo el próximo viernes o, a más tardar, la semana siguiente, según fuentes de la institución. Este proceso es crucial para confirmar la legitimidad del presidente electo y asegurar que se han respetado todos los principios constitucionales y legales.
El último paso antes de la validación es concluir el análisis de los juicios de inconformidad presentados, principalmente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). De las mil 766 casillas impugnadas, sólo se encontraron variaciones en menos del 3 por ciento, resultando en la nulidad de 46 casillas. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, encargado de estos asuntos, publicó 30 proyectos de impugnaciones relacionadas con los resultados de diversos cómputos distritales de la elección presidencial.
Entre los argumentos del PRD se incluyó la supuesta indebida intervención del gobierno federal en los comicios y el sufragio de personas sin credencial para votar. Sin embargo, el magistrado Rodríguez Mondragón desestimó estos argumentos, señalando que las infracciones al principio de neutralidad y equidad deben plantearse en el juicio de inconformidad para impugnar toda la elección presidencial. De los 30 proyectos publicados, en 13 se confirmaron los resultados, en uno se desestimaron los agravios y en 15 se admitió la nulidad de 45 casillas.
Para llevar a cabo la sesión solemne, ya se ha definido a Claudia Valle Aguilasocho, presidenta de la sala regional Monterrey, para integrarse al pleno y cumplir con el quorum de seis magistrados requerido por la ley. La sexta magistratura fue aprobada por mayoría, con el voto en contra de Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis. La votación en el TEPJF se ha dividido en dos bloques, con la presidenta de la sala superior, Mónica Soto, liderando el bloque mayoritario.
En cuanto a la calificación de la elección, la magistrada Otálora Malassis ha solicitado que se considere la actividad del presidente Andrés Manuel López Obrador y ha propuesto la creación de un catálogo de funcionarios infractores que afecten la equidad de las elecciones.
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