El Gobierno de México recuperó 5 millones 805 mil 693 dólares vinculados con la trama de corrupción relacionada con Genaro García Luna y la familia Weinberg, como resultado de un litigio impulsado por el Estado mexicano en tribunales de Florida, Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado un día antes que el país había conseguido recuperar más de cinco millones de dólares. Este viernes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, detalló el monto y explicó el procedimiento mediante el cual los recursos regresaron a México.
De acuerdo con la información presentada, el 25 de agosto el Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares con 50 centavos, derivados de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 activos vinculados con sociedades y propiedades ubicadas en Florida.
La recuperación se produjo después de que el 19 de mayo un tribunal de Florida dictara una sentencia favorable para México contra integrantes de la familia Weinberg, señalados por las autoridades mexicanas como participantes en el entramado financiero relacionado con García Luna.
La resolución estableció que integrantes de esa familia deberán pagar 578.5 millones de dólares al Estado mexicano por concepto de reparación del daño patrimonial. Por ello, los 5.8 millones recuperados hasta ahora representan solamente una parte de los recursos que México busca obtener mediante los procedimientos judiciales abiertos en Estados Unidos.
La UIF sostiene que entre 2008 y 2018 funcionó un esquema mediante el cual organismos públicos otorgaron contratos a empresas vinculadas con la red investigada. Parte de las operaciones detectadas corresponde a contrataciones por más de 403 millones de dólares, mientras las investigaciones sobre el entramado financiero han identificado movimientos y contratos por cantidades todavía mayores.
Las autoridades mexicanas señalan que el mecanismo habría utilizado empresas fachada, contratos relacionados con servicios de seguridad y tecnología, así como operaciones financieras internacionales para dispersar recursos que originalmente provenían del erario.
La investigación ha colocado en el centro a Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, vinculados empresarialmente con García Luna. Desde años atrás, la UIF ha rastreado cuentas, sociedades y bienes relacionados con este grupo dentro y fuera de México.
El Gobierno federal adelantó que la recuperación de activos no ha concluido. La UIF trabaja en la identificación de nuevas propiedades, cuentas y otros bienes relacionados con la familia Weinberg y la estructura financiera investigada, con la intención de promover nuevos procedimientos para que pasen a propiedad del Estado mexicano.
Sheinbaum anunció además que los casi seis millones de dólares recuperados tendrán un destino específico: fortalecer la infraestructura educativa en la región de la Montaña de Guerrero, una de las zonas con mayores niveles de rezago social del país.
La mandataria calculó que los recursos equivalen a alrededor de 100 millones de pesos y explicó que se trabaja en proyectos para ampliar la oferta de educación media superior y superior en esa región, aunque también podrían destinarse recursos a necesidades de educación básica.
La recuperación patrimonial se desarrolla de manera paralela al proceso penal que García Luna enfrentó en Estados Unidos. El exsecretario de Seguridad Pública fue declarado culpable en 2023 de participar en una empresa criminal, conspiraciones relacionadas con tráfico de cocaína y declaraciones falsas. En octubre de 2024 fue condenado a 460 meses de prisión —más de 38 años— y al pago de una multa de dos millones de dólares.
La UIF ha sostenido que el objetivo del litigio civil es distinto al proceso penal estadounidense: recuperar para el Estado mexicano recursos y bienes que presuntamente tuvieron origen en contratos públicos y posteriormente fueron trasladados o utilizados para adquirir activos en el extranjero.
Durante la presentación del caso, Sheinbaum señaló que hasta el momento no existen elementos dentro de estas investigaciones que vinculen directamente al expresidente Felipe Calderón o a algún integrante de su familia con las operaciones financieras detectadas, aunque García Luna ocupó la Secretaría de Seguridad Pública durante su administración.
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