Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió de manera contundente a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señaló a tres instituciones financieras mexicanas—CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa—por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles de droga. La mandataria aseguró, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, que no se han presentado pruebas contundentes que sustenten estos señalamientos, y exigió al gobierno estadounidense que comparta la información relevante si es que la tiene. Este caso eleva la tensión diplomática entre ambos países y pone en el centro de la atención la integridad del sistema financiero mexicano y la cooperación internacional en materia de combate al lavado de activos.
El episodio comenzó el pasado miércoles, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense emitió órdenes formales contra CIBanco, Intercam y Vector, prohibiendo algunas transferencias de fondos que involucran a estas instituciones, bajo la acusación de que han facilitado el lavado de millones de dólares para cárteles como el de Sinaloa, Del Golfo, Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación. Según la administración de Donald Trump, las mencionadas entidades habrían permitido pagos de sobornos y la adquisición de precursores químicos para la producción de drogas, actividades que agravan la crisis de opioides en la región. Sin embargo, Sheinbaum dejó en claro que solo se han recibido indicios generales, pero no pruebas concretas ni información detallada que sustente estas afirmaciones.
La postura de la presidenta mexicana frente a las acusaciones de lavado de dinero es firme y transparente: “No hay ninguna prueba, son dichos, no hay ninguna prueba de dónde está el lavado de dinero”, declaró. Sheinbaum enfatizó que, si existiesen pruebas, el gobierno de México actuaría de inmediato para sancionar a las entidades involucradas. Mencionó que las transferencias financieras entre empresas chinas y mexicanas a través de estas instituciones no constituyen por sí solas una evidencia de lavado de dinero, sino que se trata de operaciones habituales en el sector financiero internacional. Además, recordó que las autoridades mexicanas ya revisaron a las empresas señaladas y solo encontraron faltas administrativas, que fueron sancionadas con multas por 134 millones de pesos.
La exigencia de pruebas contundentes no solo tiene un trasfondo legal, sino también político. Sheinbaum aseguró que México no protegerá a nadie involucrado en actividades ilícitas, pero tampoco aceptará señalamientos infundados. “Nosotros actuamos si hay pruebas. Que envíen las pruebas si es que las tienen para que los acompañemos. Si no hay pruebas, no habrá reconocimiento de lavado de dinero”, insistió la presidenta. Durante la conferencia, también estuvo acompañada por gobernadores y gobernadoras que presenciaron la presentación de los Polos de Bienestar, lo que refuerza la importancia institucional del mensaje y su alcance nacional.
Este diferendo entre Estados Unidos y México pone en evidencia la complejidad de la cooperación internacional en materia de delitos financieros. Los gobiernos tienen la obligación de investigar y sancionar el lavado de dinero, pero también deben asegurarse de que los señalamientos estén fundamentados en evidencias sólidas y procesos transparentes. La ausencia de pruebas específicas, según la visión de la administración de Sheinbaum, limita la capacidad del gobierno mexicano para actuar y debilita la credibilidad de las acusaciones internacionales. No obstante, la presidenta dejó en claro que la puerta está abierta a la colaboración, siempre y cuando exista información verificable y detallada.
Deja una respuesta