La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Senado una iniciativa de reforma constitucional para poner tope a las pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos de confianza del gobierno federal, con la que su administración calcula un ahorro anual cercano a 5 mil millones de pesos. El objetivo, dijo, es eliminar privilegios en jubilaciones financiadas con recursos públicos y redirigir esos fondos a programas de Bienestar y políticas sociales.
En qué consiste el tope a las pensiones
La propuesta de Sheinbaum plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no puedan exceder el 50% de la remuneración mensual de la titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales con el tabulador actual. La presidenta explicó que actualmente hay casos de exservidores públicos que reciben 300 mil pesos, 500 mil pesos o incluso hasta 1 millón de pesos al mes como pensión, montos que considera “onerosos” y “desproporcionados”.
Sheinbaum enfatizó que no se tocarán las pensiones derivadas de contratos colectivos de trabajo ni los derechos laborales de trabajadores de base o sindicalizados, sino exclusivamente los esquemas especiales de retiro de altos mandos de confianza. La iniciativa también prevé una cláusula de excepción para pensiones o jubilaciones previstas en condiciones generales de trabajo, con el fin de blindar regímenes ordinarios del IMSS, ISSSTE y otros organismos.
A quiénes aplicaría la reforma
De acuerdo con la información adelantada por la Presidencia, el nuevo tope está pensado para exfuncionarios de empresas productivas del Estado y organismos públicos donde se han detectado pensiones muy elevadas. Entre los entes incluidos se mencionan:
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Organismos descentralizados y fideicomisos públicos
- Empresas de participación estatal y banca de desarrollo
La consejera jurídica Esthela Damián Peralta precisó que no se aplicará al Poder Judicial ni a pensiones provenientes de contratos colectivos, y que la reforma se enfoca en exservidores de confianza que en algunos casos trabajaron pocos años y hoy reciben montos muy superiores a los salarios de funcionarios en activo.
Cuánto se ahorraría y a qué se destinaría
Según las estimaciones oficiales, la reforma permitiría un ahorro de aproximadamente 5 mil millones de pesos al año, al reducir las pensiones que actualmente se pagan en los rangos de 100 mil pesos mensuales hasta más de un millón de pesos. Sheinbaum afirmó que esos recursos se canalizarán a programas sociales, particularmente a acciones de Bienestar y políticas de equidad, en línea con la política de austeridad republicana que ha marcado su gobierno.
La mandataria sostuvo que se trata de un asunto de “justicia y racionalidad presupuestaria”, al considerar que “no puede haber pensiones millonarias financiadas con recursos públicos mientras buscamos reducir desigualdades”. También recordó que, tras las reformas recientes, los amparos contra cambios constitucionales tienen alcances limitados, por lo que el margen de maniobra de los beneficiarios para frenar la medida sería acotado.
Próximos pasos y posible ruta legal
Sheinbaum adelantó que la iniciativa será enviada el próximo lunes al Senado, donde se buscará construir la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución. Reconoció que el proyecto puede enfrentar resistencias y recursos legales, especialmente de quienes hoy reciben pensiones altas, pero insistió en que el texto está diseñado para respetar derechos adquiridos colectivos y centrarse en esquemas de privilegio.
La discusión se dará en paralelo a otros cambios al sistema de pensiones que el gobierno ha planteado para IMSS, ISSSTE y empresas del Estado, aunque la presidenta subrayó que este paquete en particular no modifica los regímenes de trabajadores de base, sino que acota los retiros de las cúpulas del sector público. De aprobarse, México daría un paso más en la homologación de topes salariales y de retiro en el servicio público bajo el principio de que nadie gane más que el presidente, ni siquiera al jubilarse.
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