La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que su propuesta de reforma electoral se presentará a inicios de febrero y aseguró que no buscará eliminar la representación de las minorías, sino al contrario, fortalecerla bajo nuevas reglas. La mandataria subrayó que la iniciativa tendrá tres ejes centrales: garantizar la presencia de fuerzas con menor votación, reducir los altos costos de las elecciones —incluidos los de partidos, el INE y los Oples— y mantener la autonomía del Instituto Nacional Electoral. También insistió en que la reforma tiene como propósito robustecer la democracia participativa y no responde a una deriva autoritaria.
Sheinbaum planteó que uno de los cambios clave será la forma en que se eligen las diputaciones plurinominales, de modo que no sean sólo las cúpulas partidistas quienes decidan las listas, sino que haya un mayor peso de la ciudadanía en su definición. Aseguró que “no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación se quede sin representación, eso no va a ocurrir”, al reiterar que existe una garantía para las minorías. La presidenta comentó que, por ahora, no tiene previsto reunirse personalmente con los coordinadores de los partidos aliados, pero precisó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de dialogar con ellos sobre los detalles de la propuesta.
En su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo indicó que el objetivo es construir una reforma por consenso que fortalezca la democracia y la fiscalización del uso de recursos públicos en procesos electorales. Entre los temas que consideró prioritarios mencionó el seguimiento puntual a cómo se usan los recursos, quién los ejerce y en qué momento deben aplicarse sanciones. Sostuvo que el documento aún se está afinando, respondiendo a preguntas y preocupaciones ciudadanas para que la reforma sea “aceptable” y atienda los problemas que a la gente “no le parecen” del sistema actual.
Frente a las críticas de la oposición y de sectores que han advertido un supuesto riesgo de autoritarismo, Sheinbaum rechazó tajantemente esa narrativa. Afirmó que “no hay argumentos para decir que es un gobierno autoritario, eso se cae por su propio peso” y reprochó que “incluso la derecha internacional” haya intentado instalar la idea de que en México no hay democracia. A su juicio, en el país existe democracia electoral, libertad plena y respeto a los derechos humanos, por lo que, dijo, tampoco podrán usar la reforma como prueba de autoritarismo una vez que se conozca su contenido.
La presidenta remarcó que la intención no es desmontar aquello que ha funcionado del sistema electoral, sino actualizarlo para hacerlo menos oneroso y más participativo. Señaló que las elecciones en México “son de las más caras del mundo” y reiteró que buscan disminuir el gasto en partidos, INE y organismos locales, bajo la idea de que esos recursos sean utilizados en otras prioridades nacionales. También consideró indispensable ampliar la participación ciudadana en las decisiones del país, así como la intervención de mexicanos en el exterior y el fortalecimiento de las consultas populares para temas relevantes, al definir que la propuesta “fortalece nuestro sistema electoral y garantiza la democracia electoral y participativa”.
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