La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este lunes, 29 de septiembre de 2025, el lanzamiento de un ambicioso programa bilateral con Estados Unidos, denominado “Barrer las Armas” o “Misión Cortafuegos”, con el objetivo primordial de combatir el tráfico de armas ilícitas desde el norte hacia territorio mexicano. Este acuerdo, gestado tras una productiva reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, representa un giro fundamental en la estrategia de seguridad bilateral, marcando un compromiso sin precedentes por parte de Washington para frenar el flujo de armamento que alimenta la violencia en México. La relevancia de esta iniciativa radica en su enfoque proactivo, buscando detener las armas ilegales antes de que crucen la frontera, en lugar de solo rastrearlas una vez que ya están en el país.
El nuevo esquema de cooperación contempla una serie de acciones concretas y coordinadas. En primer lugar, Estados Unidos fortalecerá sus instituciones para ejercer un mayor control sobre la venta de armas de alto poder y reforzará las inspecciones fronterizas para evitar su salida. Asimismo, el programa «Barrer las Armas» impulsará la inteligencia compartida y una colaboración directa entre las agencias de seguridad de ambos países. Se extenderá el uso de la plataforma eTrace, administrada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), así como la tecnología de imágenes balísticas, al Gobierno federal mexicano y a los 32 estados, permitiendo una trazabilidad más precisa de las armas incautadas y facilitando la identificación de su procedencia y cadenas de venta.
Sheinbaum Pardo enfatizó que este acuerdo simboliza una «visión completamente distinta» en la relación bilateral, distanciándose radicalmente de episodios pasados. La mandataria hizo alusión directa al controversial operativo «Rápido y Furioso», que durante administraciones anteriores permitió la entrada de armas a México bajo el pretexto de rastreo, fortaleciendo inadvertidamente a grupos criminales. Ahora, por primera vez, el gobierno estadounidense reconoce formalmente su corresponsabilidad en este grave problema, aceptando que un porcentaje abrumador del armamento utilizado por la delincuencia organizada en México tiene su origen en su territorio. Esta nueva dirección busca impedir que las armas crucen la frontera, evitando así el fortalecimiento del crimen organizado y la escalada de la violencia.
Las cifras oficiales subrayan la urgencia de esta colaboración. La presidenta Sheinbaum destacó que aproximadamente el 75 por ciento de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos. Se estima que entre 200,000 y 873,000 armas de fuego ingresan ilegalmente cada año desde la frontera norte, exacerbando la situación de inseguridad en el país. El impacto de este flujo es devastador: siete de cada diez homicidios dolosos en México se cometen con armas de fuego. Por ello, reducir drásticamente el ingreso de armamento se convierte en una pieza clave para mejorar la seguridad nacional y pacificar las comunidades afectadas por la criminalidad.
Este entendimiento marca una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos, fundamentada en la corresponsabilidad y el respeto mutuo. La administración de Sheinbaum ha sido clara al señalar que no tolerará políticas que pongan en riesgo a la población mexicana o que repliquen los errores del pasado que derivaron en la pérdida de vidas en ambos lados de la frontera. La voluntad política expresada por Washington para combatir el tráfico de armas con acciones concretas desde su propio territorio es un hecho histórico y largamente esperado por México, evidenciando un cambio de paradigma en la dinámica bilateral de seguridad.
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