La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, se pronunció esta mañana sobre la reciente solicitud de una jueza en Veracruz que ordena eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Durante su intervención, Godoy aclaró que existen argumentos jurídicos sólidos que hacen improcedente esta orden. Mencionó el artículo 135 de la Constitución, que establece que cualquier reforma puede ser adicionada a la Constitución a través del poder legislativo, el cual ejerce la soberanía popular.
Godoy enfatizó que en el sistema jurídico mexicano no hay ninguna disposición legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación (PJF) la facultad de cuestionar o anular las decisiones del órgano soberano. “Un juzgador no puede autofacultarse para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional”, declaró. Esta afirmación implica que cualquier intento de un juez por cuestionar reformas aprobadas por el poder legislativo podría interpretarse como un acto que va en contra de la soberanía del pueblo mexicano.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que interpondrá una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra la jueza que emitió la suspensión. “No vamos a bajar la publicación y vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el CJF”, expresó. Sheinbaum advirtió que su gobierno no acatará la orden de eliminar la publicación en el DOF, lo que podría llevar a consecuencias legales para ella si no se cumple con la suspensión.
La presidenta también subrayó que es fundamental dejar un precedente sobre el papel de los jueces en el sistema jurídico mexicano. “Queremos que quede claro que hay una jueza pidiendo que se baje una publicación hecha a partir de un proceso legislativo”, indicó. La resolución de la jueza, identificada como Nancy Juárez, ha sido criticada por considerarse un exceso en sus atribuciones y un desafío a los procesos democráticos establecidos.
Finalmente, Godoy y Sheinbaum coincidieron en que este tipo de acciones judiciales no solo amenazan el proceso legislativo, sino que también podrían debilitar los principios fundamentales del estado de derecho en México.
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