La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes 4 de agosto un decreto destinado a ampliar la transparencia del Gobierno federal, actualizar con mayor frecuencia la información sobre contratos públicos y reducir la discrecionalidad para reservar documentos oficiales.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que la medida busca garantizar el derecho ciudadano a conocer cómo actúan las instituciones y cómo se ejercen los recursos públicos. El decreto toma como referencia el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 6 de la Constitución.
Sheinbaum resumió el objetivo como una política de “transparencia total del Gobierno de México” y señaló que ya no quedará únicamente a criterio de cada servidor público o titular de una dependencia decidir qué información puede difundirse.
Uno de los principales cambios será la actualización de los contratos y convenios celebrados por las instituciones federales. Actualmente, esta información se publica trimestralmente, pero con el nuevo esquema deberá difundirse de manera mensual.
La medida permitirá consultar información más reciente sobre adquisiciones, servicios, arrendamientos y obras públicas, con el propósito de facilitar la vigilancia ciudadana sobre el uso del presupuesto federal.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto busca que las dependencias publiquen información adicional a la que ya están obligadas por la legislación vigente.
El decreto también establece una mayor apertura sobre las empresas filiales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, incluidas aquellas que realizan operaciones comerciales o presentan reportes ante organismos internacionales.
Entre los datos que deberán difundirse se encuentran sus estados financieros, contratos, políticas de operación, reglas de gobierno corporativo e informes entregados a agencias extranjeras.
Buenrostro señaló que esta obligación busca eliminar espacios de opacidad en entidades que manejan recursos públicos, pero que, debido a su estructura jurídica o comercial, no siempre publicaban información con el mismo nivel de detalle que las dependencias tradicionales.
Otro eje contempla la publicación de más datos relacionados con la fiscalización y las auditorías practicadas en la Administración Pública Federal.
La información disponible deberá incluir el programa anual de auditorías, estadísticas de revisiones, seguimiento a observaciones, resultados y datos sobre la selección de los despachos externos contratados por el Gobierno.
Con ello, la ciudadanía podrá conocer no solamente qué instituciones fueron auditadas, sino también qué irregularidades se detectaron, cuáles fueron atendidas y qué procedimientos continúan pendientes.
Sheinbaum explicó que el decreto también pretende establecer criterios más precisos para clasificar documentos, a fin de evitar que la reserva de información dependa de decisiones individuales o interpretaciones excesivamente amplias.
De acuerdo con la propuesta, la información únicamente podrá mantenerse temporalmente reservada cuando su publicación afecte un procedimiento judicial o administrativo en curso, el interés público o la seguridad nacional.
Incluso en esos casos, las instituciones deberán privilegiar la elaboración de versiones públicas, ocultando solamente los datos estrictamente protegidos y dejando disponible el resto del documento.
Buenrostro detalló que actualmente existen 17 supuestos legales para clasificar información, pero el Gobierno buscará simplificarlos y alinearlos con los criterios constitucionales.
La secretaria reconoció que la Plataforma Nacional de Transparencia presentó fallas técnicas después de que las funciones del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales fueron trasladadas a la dependencia que encabeza.
Afirmó que el sistema fue estabilizado y que se incorporaron herramientas para facilitar la descarga, consulta y análisis de los documentos públicos. En un plazo máximo de 30 días hábiles deberán agregarse nuevos contenidos de interés ciudadano.
Sheinbaum defendió el nuevo modelo y sostuvo que el acceso a la información puede garantizarse sin mantener la estructura administrativa que tenía el INAI, cuyo costo anual, aseguró, superaba los mil millones de pesos.
Las disposiciones comenzarán como una instrucción dirigida a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal. Sin embargo, el Gobierno anunció que enviará al Congreso una iniciativa para incorporarlas de manera permanente a la Ley General de Transparencia.
La propuesta sería presentada al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, con el objetivo de que la publicación mensual de contratos, las nuevas obligaciones para Pemex y CFE y los criterios de reserva no dependan únicamente de un decreto presidencial.
El documento también incluye una invitación a los gobiernos estatales, municipios, poderes Legislativo y Judicial y otros organismos públicos para adoptar medidas semejantes y ampliar el principio de máxima publicidad en todo el país.
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