La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha destacado recientemente una notable disminución de 24.9% en los homicidios dolosos en el país, desde octubre de 2024 hasta mayo de 2025. Este logro se atribuye al éxito de la Estrategia Nacional de Seguridad, que ha implementado cuatro ejes fundamentales: Atención a las Causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación, y Coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad. Esta estrategia ha permitido reducir significativamente los índices de violencia, lo que refleja un avance importante en el combate al crimen organizado.
La reducción en los homicidios dolosos se traduce en 22 homicidios diarios menos comparados con septiembre de 2024. Además, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, se han detenido 17 mil 258 personas por delitos de alto impacto, asegurando 8 mil 958 armas de fuego y 140.5 toneladas de drogas, incluyendo fentanilo. También se han desmantelado más de 750 laboratorios para la producción de metanfetaminas en 17 estados del país. Estos resultados son fruto del esfuerzo conjunto de las fuerzas armadas y las autoridades de seguridad pública.
Mientras tanto, el gobierno de Sheinbaum ha iniciado una nueva estrategia para combatir otro delito que preocupa a la sociedad: la extorsión. A pesar de los avances en la reducción de otros delitos, la extorsión sigue en aumento. Por lo tanto, la presidenta ha anunciado la presentación de una iniciativa de reforma constitucional que buscará dotar al Congreso de la Unión con las facultades necesarias para legislar una Ley General contra la Extorsión. Esta reforma permitirá perseguir el delito de extorsión de oficio, lo que significa que el Estado asumirá la responsabilidad de iniciar las investigaciones, sin necesidad de que las víctimas realicen una denuncia.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión promete ser integral, incluyendo acciones como detenciones con inteligencia, capacitación de operadores de emergencias, bloqueo de cuentas bancarias y operativos en centros penitenciarios. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad ciudadana y combatir uno de los delitos que más afecta a la economía y la tranquilidad pública. La reforma también busca armonizar la legislación en todas las entidades federativas, garantizando que se aplique de manera homogénea a nivel nacional.
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