El Gobierno de México inició un proceso de consulta nacional con más de 16 mil comunidades indígenas y afromexicanas para construir la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa que busca garantizar que estas comunidades participen directamente en la elaboración de la legislación que reconocerá y fortalecerá sus derechos.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la consulta se desarrollará en todo el país y permitirá recoger propuestas, opiniones y necesidades de los pueblos originarios antes de enviar el proyecto al Congreso de la Unión.
La mandataria explicó que el objetivo es que la nueva ley no sea elaborada únicamente desde las instituciones, sino que nazca del diálogo con las propias comunidades, respetando el principio de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, establecido en la Constitución y en tratados internacionales.
El proceso estará coordinado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y contempla la realización de asambleas regionales en las que participarán representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de las 32 entidades del país.
Entre los temas que se pondrán sobre la mesa destacan el fortalecimiento de los sistemas normativos indígenas, la protección de los territorios, el reconocimiento de las autoridades comunitarias, la preservación de las lenguas originarias, el acceso a la justicia, la educación, la salud y el ejercicio pleno de los derechos colectivos.
La consulta forma parte de la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, aprobada en meses recientes, la cual amplió el reconocimiento jurídico de estas comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El Gobierno federal señaló que las propuestas recabadas durante este proceso servirán como base para redactar la iniciativa de ley, con el propósito de que refleje las necesidades y la diversidad cultural de los pueblos originarios del país.
Además de fortalecer la participación comunitaria, la nueva legislación busca establecer mecanismos claros para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos colectivos, así como la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para atender las demandas históricas de las comunidades.
Con esta consulta, la administración federal busca que la futura Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos sea resultado del consenso con quienes serán sus principales beneficiarios, consolidando un modelo de construcción legislativa basado en la participación directa de los pueblos originarios.
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