La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en su conferencia matutina que el gobierno federal no encubrirá a ningún político, funcionario o elemento de las fuerzas armadas que pudiera estar vinculado con el crimen organizado, tras las declaraciones del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien se declaró culpable en Estados Unidos. “Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie y, si en alguna investigación saliera una persona, político, funcionario público, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación”, destacó la mandataria.
Sheinbaum subrayó que no existe ninguna prueba contra servidores públicos federales, miembros del Ejército ni de la Marina actualmente. “Si se llegara a encontrar, no se va a cubrir a nadie”, enfatizó al reiterar que cualquier acto de corrupción en materia de seguridad sería investigado y sancionado. La presidenta dejó claro que “estamos en contra de cualquier soborno o acto de corrupción”, y aseguró que “cualquier investigación es buena”, abriendo la puerta a indagar cualquier denuncia fundamentada.
Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que no existen señalamientos actuales contra políticos, militares o marinos en el país, y explicó que los casos detectados y procesados han involucrado principalmente a autoridades locales, estatales y municipales, particularmente en delitos de homicidio y corrupción. Harfuch insistió en que “si llegara a haber cualquier investigación, como siempre con toda transparencia, se va a informar, vamos a hacer la investigación y detendríamos a quien tuviéramos que detener”.
De acuerdo con los funcionarios, la postura oficial es de cero tolerancia y transparencia absoluta ante posibles nexos entre servidores públicos y el crimen organizado. “No tenemos en este momento ninguna prueba contra un servidor público, miembro del Ejército y de la Marina”, ratificó Sheinbaum, reiterando que en caso de hallar elementos, no habrá encubrimiento.
La administración federal respalda una política de investigación abierta, colaboración institucional y rendición de cuentas para blindar el sistema de seguridad nacional, anticipando que cualquier señalamiento fundado será investigado y procesado conforme a la ley.
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