Una corte civil del condado de Miami-Dade, Florida, dictó sentencia final este jueves contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, y su esposa Linda Cristina Pereyra, condenándolos a pagar 2,488 millones de dólares al gobierno de México por su participación en un esquema de corrupción, contratos ilegales y lavado de dinero. El fallo, emitido por la jueza Lisa Walsh, responde a una demanda civil presentada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que documentó cómo la pareja desvió recursos públicos mexicanos hacia propiedades y cuentas en Estados Unidos.
La sentencia detalla que García Luna deberá restituir 748 millones de dólares, mientras que Pereyra enfrentará una sanción de 1,740 millones, al considerarse pieza clave en la transferencia y ocultamiento de activos ilícitos. El fallo se dictó en rebeldía, ya que ni el exfuncionario ni su esposa respondieron a la demanda ni presentaron pruebas de descargo. Según la UIF, entre 2006 y 2018, la red de García Luna manipuló contratos de seguridad para extraer al menos 250 millones de dólares, monto que se multiplicó mediante sobrecostos y comisiones secretas, y fue transferido a través de empresas fachada y cuentas en Florida y otros paraísos fiscales.
La resolución judicial es civil, no penal, y busca la restitución de los fondos públicos desviados. Sin embargo, la sentencia aún puede ser apelada por la defensa de García Luna y Pereyra, y solo cuando quede firme podrá ejecutarse en México, donde los tribunales deberán avalarla para que el Estado pueda solicitar la extinción de dominio o definir el destino de los bienes asegurados a la pareja. La UIF advirtió que, tras el fallo, irá también contra bienes propiedad de supuestos testaferros en México y que los procesos penales por peculado y contrataciones indebidas siguen en curso.
El esquema de corrupción incluyó la creación de más de 30 empresas y la adquisición de lujosos bienes inmuebles, automóviles de alta gama y cuentas bancarias en Estados Unidos y Barbados. El gobierno mexicano ya ha recuperado algunos activos y espera que la sentencia fortalezca la cooperación binacional para recuperar más recursos desviados.
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