El Senado de la República aprobó este martes 29 de septiembre la reforma constitucional que establece que quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar exclusivamente con nacionalidad mexicana.
La propuesta alcanzó la mayoría calificada con 86 votos a favor y 42 en contra, justo el número necesario ante la presencia de los 128 integrantes del Senado. Después de la votación, el presidente de la Cámara alta, Higinio Martínez Miranda, remitió la minuta a las legislaturas locales para continuar con el procedimiento de reforma constitucional.
El cambio modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Si una persona que busca alguno de esos cargos cuenta también con una nacionalidad extranjera, deberá renunciar a ella antes de solicitar formalmente su registro como candidata.
La reforma también contempla que, durante el ejercicio del cargo, quienes encabecen estos poderes ejecutivos no puedan adquirir, solicitar o hacer valer otra nacionalidad distinta a la mexicana, con el objetivo planteado por sus promotores de mantener un vínculo jurídico exclusivo con México.
Morena, PT y la mayoría de los legisladores del Partido Verde respaldaron el dictamen. En contraste, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, al considerar que la medida puede afectar los derechos políticos de mexicanos que cuentan con doble nacionalidad, especialmente quienes viven o nacieron en el extranjero. El senador del PVEM Luis Armando Melgar también votó en contra.
Durante el debate, legisladores de Morena argumentaron que la reforma no elimina ni modifica el derecho general a tener doble nacionalidad, reconocido en México desde 1997, sino que establece una condición específica para quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal o alguno de los ejecutivos locales.
Desde la oposición se cuestionó, entre otros aspectos, que la renuncia a una nacionalidad extranjera puede depender de procedimientos y tiempos establecidos por otros países. Movimiento Ciudadano también planteó que el marco constitucional vigente ya contiene disposiciones relacionadas con la nacionalidad para ocupar determinados cargos públicos.
La reforma ya había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados, donde obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general, y 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención en lo particular.
Sin embargo, el cambio todavía no entra en vigor. Por tratarse de una modificación constitucional, deberá recibir ahora el respaldo de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Una vez completado ese procedimiento y realizada la declaratoria correspondiente, podrá enviarse para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El régimen transitorio aprobado establece que las nuevas reglas serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no modificarían los requisitos para los procesos electorales anteriores a esa fecha.
Con la aprobación del Senado, la discusión sobre la nacionalidad única entra ahora en su etapa estatal. Los congresos locales tendrán la siguiente palabra antes de que la reforma pueda incorporarse definitivamente a la Constitución mexicana.
Deja una respuesta