En una sesión maratónica de más de ocho horas, el Senado de México aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra la reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta decisión, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido calificada por la oposición como un paso hacia la militarización del país.
La reforma modifica 12 artículos de la Constitución, estableciendo que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública permanente, integrada por personal militar con formación policial. Además, otorga a la GN la facultad de investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público. Este cambio ha suscitado críticas, especialmente por parte de los partidos PAN, PRI y MC, quienes votaron en contra argumentando que se rompe con el carácter civil de las fuerzas de seguridad.
Durante el debate, Citlalli Hernández, senadora de Morena, defendió la reforma asegurando que no vulnera los derechos fundamentales y que busca fortalecer la seguridad ciudadana. Por otro lado, Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad Pública, comparó el modelo con cuerpos policiales internacionales exitosos como los Carabineros de Chile y la Gendarmería de Francia.
La aprobación se logró gracias al apoyo del aún panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien votó a favor junto con Morena y sus aliados. Este respaldo fue crucial para alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. La reforma ahora deberá ser ratificada por más de la mitad de los congresos estatales para entrar en vigor.
La medida ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organismos internacionales, quienes advierten sobre los riesgos de una mayor militarización en las labores de seguridad pública. A pesar de las críticas, el oficialismo sostiene que este cambio es necesario para garantizar mayor profesionalismo y disciplina en las fuerzas del orden.
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