El Senado de la República, con la mayoría de Morena y sus aliados, aprobó dos reformas polémicas: una a la Ley de Amnistía y otra a la Ley de Amparo. La primera reforma, avalada con 67 votos a favor y 32 en contra, permite al presidente otorgar amnistía a reos que aporten «información comprobable» sobre casos relevantes para el Estado mexicano, como las desapariciones de Ayotzinapa y Tlatlaya.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, justificó esta medida como un medio para «aclarar la verdad histórica» de hechos violentos ocurridos en gobiernos pasados. Sin embargo, la oposición, encabezada por el PAN, la calificó como un intento de «empoderar al poder» y convertir al presidente en un «rey absoluto» sin contrapesos.
La segunda reforma, aprobada con 69 votos a favor y 42 en contra, modifica la Ley de Amparo para impedir que jueces emitan suspensiones generales de leyes aprobadas por el Congreso. Monreal admitió que el objetivo es evitar que un juez «declare inconstitucional una norma» avalada por el Poder Legislativo.
La oposición acusó que esta reforma despoja a la población de una herramienta jurídica clave para defenderse de abusos de autoridad. Advirtieron que los jueces ya no podrán «parar actos abusivos» del gobierno que dañen a la población o impliquen el uso indebido de bienes públicos.
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