La noche del 24 de octubre, el Senado de México inició la discusión de un dictamen que busca establecer la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución. Este proyecto de reforma a los artículos 105 y 107 constitucionales avanzó con el respaldo de la mayoría oficialista en comisiones, generando polémica al reforzar la soberanía del Poder Legislativo frente al Judicial. La medida también busca blindar reformas constitucionales recientes, como la elección de jueces, que han enfrentado suspensiones por parte de jueces federales.
Durante una sesión caótica, el Pleno del Senado aprobó el dictamen con 85 votos a favor de los partidos oficialistas Morena, PT y PVEM, alcanzando la mayoría calificada, mientras que 41 votos provinieron de la oposición. La sesión estuvo marcada por enfrentamientos entre Morena y el PAN, con acusaciones mutuas y protestas en tribuna. El senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez votó con Morena, lo que generó tensiones dentro de su partido.
El proyecto fue presentado por los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Oscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza. El panista Ricardo Anaya criticó la reforma, calificándola como un «atropello» que destruiría la Carta Magna. Marko Cortés, líder del PAN, advirtió que los ciudadanos quedarían desprotegidos sin acceso al amparo. Sin embargo, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, defendió la medida como necesaria para resolver problemas creados por el poder judicial.
La reforma ha sido objeto de controversia debido a las acusaciones de presiones políticas para lograr su aprobación. Yunes Márquez protestó por su expulsión del PAN y defendió su derecho a votar según su conciencia. Por otro lado, el senador del Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que el juicio de amparo seguirá operando para los mexicanos, excepto en casos de reformas constitucionales.
A pesar del caos en el Senado, la aprobación del dictamen establece una supremacía constitucional, limitando el alcance del poder judicial sobre las reformas aprobadas por el Congreso.
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