La madrugada de este miércoles, la Secretaría de Gobernación (Segob) y productores de maíz del Bajío (Guanajuato, Michoacán y Jalisco) lograron un acuerdo preliminar. Este pacto busca la liberación gradual de las carreteras bloqueadas, que afectaban transporte y comercio. El convenio establece un apoyo económico de 950 pesos por tonelada. Crucial para mitigar el conflicto y restablecer normalidad en las vías de comunicación y el sector agrícola.
El apoyo de 950 pesos fue acordado tras casi cinco horas de negociación. Se presenta como respaldo a la comercialización del grano, no como «precio de garantía» fijo. Los agricultores exigían 7 mil 200 pesos por tonelada para cubrir elevados costos de producción (fertilizantes, diésel). Su aceptación, aunque no satisface todas las expectativas, abre discusiones futuras sobre la sustentabilidad del campo.
La reacción entre los productores del Bajío es compleja. Algunos calificaron el encuentro «excelente»; otros, como el Movimiento Agrícola Campesino, lo tildaron de «simulación». Afirman que el apoyo es insuficiente y no compensa su esfuerzo, lamentando la «ausencia total del gobierno federal» hacia el sector que alimenta a México. Para mitigar el impacto ciudadano, los campesinos acordaron evaluar el levantamiento progresivo de más de 100 bloqueos carreteros, buscando consenso para despejar vías y normalizar el flujo vehicular.
El conflicto escaló con protestas y bloqueos carreteros por la insatisfacción de los productores de maíz con las condiciones de mercado. Una oferta inicial de 5 mil 200 pesos por tonelada fue rechazada por insostenible. Negociaciones previas con Sader y Gobernación, y representantes estatales, no habían logrado acuerdo. La persistencia de los bloqueos en arterias viales cruciales fue decisiva para retomar el diálogo federal y buscar un entendimiento urgente ante la crisis agrícola.
A pesar del acuerdo con Segob, los productores de maíz enfatizan temas «pendientes». Solicitan al gobierno federal intermediar para nuevas mesas de negociación con la industria del maíz y la harina, buscando retribución justa y sostenible. Demandan mayores apoyos y reglas de operación transparentes. La voluntad de diálogo persiste; sin embargo, la necesidad de soluciones estructurales para las afectaciones al campo es prioridad.
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