El gobierno federal reforzó la presencia de fuerzas de seguridad en Michoacán para proteger a productores de limón y aguacate frente a las redes de extorsión operadas por el crimen organizado. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que se desplegaron 1,680 elementos en distintos municipios agrícolas del estado, como parte del Plan Paricutín, diseñado para contener la violencia y garantizar condiciones mínimas de seguridad para campesinos, trabajadores y la población en general.
De ese total, 860 efectivos se enfocan en la protección de seis municipios limoneros, mientras que 820 militares resguardan 14 municipios aguacateros, con apoyo de helicópteros y células de inteligencia. Según Trevilla, este operativo ha permitido detener a 208 personas y asegurar 83 armas de fuego, 8,866 cartuchos útiles y 126 explosivos, golpeando así la capacidad operativa de las bandas dedicadas a la extorsión y otros delitos de alto impacto.
El titular de la Sedena subrayó también el frente abierto dentro de los centros penitenciarios, desde donde se originan numerosas llamadas de extorsión. En lo que va de 2025, revisiones en penales de Michoacán han derivado en el decomiso de 2,710 teléfonos celulares y 913 chips, con los que internos coordinaban cobros y amenazas contra comerciantes, ganaderos y familias de la región. El objetivo, dijo, es cortar los vínculos entre las cárceles y las estructuras criminales en libertad.
En paralelo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló acciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, entre ellas el traslado de 25 personas privadas de la libertad desde CERESOS estatales hacia cuatro penales federales ubicados en Durango, Nayarit, Coahuila y Veracruz. Se trata de internos identificados con “liderazgo negativo”, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal, cuya permanencia en prisiones locales implicaba riesgos de reagrupamiento criminal, motines y presión sobre las autoridades.
García Harfuch explicó que estos traslados fueron ejecutados por la Guardia Nacional y personal del sistema penitenciario, con apoyo aéreo y seguridad perimetral proporcionados por la Sedena, y un estado de fuerza de 225 elementos federales. Recordó que estas acciones se enmarcan en el Acuerdo Nacional para combatir el delito de extorsión, aprobado recientemente en el Consejo Nacional de Seguridad encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluye armonización legislativa en los estados, fortalecimiento de la línea 089, profesionalización policial y mejora de los modelos de investigación. Desde el arranque de esta estrategia, el 6 de julio, se han detenido más de 600 personas por extorsión, lo que, según el gobierno, refleja un esfuerzo sostenido de coordinación con las entidades federativas.
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