El SAT volvió a poner a las organizaciones civiles en el centro de la discusión pública. La autoridad fiscal informó que 270 donatarias autorizadas perdieron su permiso para recibir donativos deducibles de impuestos por no cumplir con lo que marca la ley, una decisión que de inmediato levantó críticas por su posible impacto en el trabajo de asociaciones dedicadas a temas de educación, investigación, asistencia social y derechos.
El punto más delicado no es solo la cifra, sino lo que implica. Perder la calidad de donataria autorizada significa que esas organizaciones ya no pueden recibir recursos con beneficio fiscal para sus donantes, lo que en muchos casos golpea directamente su operación cotidiana. Entre las afectadas figuran organizaciones conocidas del espacio público, lo que disparó la conversación sobre si se trata únicamente de una medida técnica o de una señal más dura hacia sectores críticos del poder.
Desde la versión oficial, el mensaje ha sido otro. El SAT aseguró que a todas las organizaciones involucradas se les otorgó derecho de audiencia para subsanar inconsistencias y que la revocación solo procedió cuando no corrigieron los requisitos dentro del plazo legal. Entre las causas mencionadas están la falta de documentación para acreditar actividades, inconsistencias fiscales y, en algunos casos, la imposibilidad de demostrar que sus investigaciones mantenían el carácter científico exigido por la legislación vigente.
La presidenta Claudia Sheinbaum salió también a marcar postura y defendió la actuación del SAT al afirmar que se trata de una decisión técnica, no política. Según las coberturas publicadas este 24 de marzo, la mandataria rechazó que haya una embestida deliberada contra las ONG y sostuvo que la autoridad tributaria actúa con base en criterios fiscales y legales. Aun así, las dudas no se apagaron, sobre todo porque varias de las organizaciones afectadas participan en temas de evaluación de políticas públicas, educación y rendición de cuentas.
El tema llega en un momento especialmente sensible para la vida pública mexicana. Organizaciones y voces críticas han advertido que cuando se endurecen las reglas fiscales sobre la sociedad civil, no solo se modifican trámites: también puede reducirse el margen de acción de actores que investigan, documentan y acompañan causas sociales.
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