Rubén Rocha Moya retomó este viernes 21 de agosto la gubernatura de Sinaloa, después de permanecer 112 días con licencia mientras se desarrollaban investigaciones derivadas de señalamientos realizados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Tras reincorporarse, encabezó la Mesa de Construcción de Paz y sostuvo una reunión con integrantes de su gabinete.
El mandatario llegó al Palacio de Gobierno durante la mañana y, al ser cuestionado por periodistas sobre su presencia, respondió: “Vengo a tomar posesión de nuevo”. Horas antes había notificado formalmente al Congreso de Sinaloa su decisión de concluir la licencia temporal y reincorporarse al cargo.
La notificación fue recibida alrededor de las 7:50 horas por el Congreso estatal. De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política local, no será necesario convocar a una sesión extraordinaria, debido a que el procedimiento de reincorporación se encuentra contemplado legalmente tras la conclusión de una licencia temporal.
Rocha Moya había solicitado separarse de la gubernatura el 1 de mayo de 2026, luego de que autoridades estadounidenses lo incluyeran entre diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por posibles vínculos con actividades del crimen organizado. Durante ese periodo, Yeraldine Bonilla asumió como gobernadora interina.
Tras recuperar el cargo, Rocha encabezó la Mesa de Construcción de Paz y posteriormente tomó protesta nuevamente a Yeraldine Bonilla como secretaria General de Gobierno, posición que ocupaba antes de asumir temporalmente el Ejecutivo estatal. Más tarde se reunió con su gabinete para conocer los asuntos atendidos durante su ausencia y revisar las prioridades de la administración.
El gobernador sostuvo que regresa “con la frente limpia y en alto” y afirmó que durante su licencia se puso a disposición de las autoridades mexicanas para responder a las acusaciones. También rechazó los señalamientos provenientes de Estados Unidos y los calificó como acusaciones sin pruebas y con motivaciones políticas.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las carpetas de investigación relacionadas con las diez personas señaladas por autoridades estadounidenses. La Secretaría de Gobernación recordó que México ha solicitado reiteradamente a Estados Unidos entregar las pruebas que sustenten esas acusaciones.
En medio de este escenario, Morena se deslindó de la decisión de Rocha Moya de regresar a la gubernatura. La dirigencia nacional aseguró que no tuvo conocimiento previo sobre su reincorporación y calificó la determinación como estrictamente personal.
“Morena informa que esta dirigencia no tuvo conocimiento previo de la decisión personal del gobernador. Por lo anterior, Morena se deslinda de esta decisión”, señaló el partido en un comunicado. La fuerza política agregó que respetará el Estado de derecho, el debido proceso y los resultados de las investigaciones de la FGR.
La Secretaría de Gobernación asumió una postura similar al señalar que el regreso del mandatario fue “exclusivamente de carácter personal” y reiteró que las investigaciones federales continúan abiertas. Con ello, tanto el Gobierno federal como la dirigencia de Morena marcaron distancia respecto de la decisión política de Rocha de volver anticipadamente al ejercicio de sus funciones.
Su retorno también generó críticas de partidos de oposición. Movimiento Ciudadano, PRI y PAN en Sinaloa cuestionaron que retomara el cargo mientras persisten investigaciones y reclamaron mayor claridad sobre el resultado de las indagatorias. El PRI estatal sostuvo que no existe una absolución ni un cierre definitivo de las pesquisas.
A su llegada al Palacio de Gobierno, el mandatario también fue interceptado por madres buscadoras de Navolato, quienes denunciaron falta de apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda y le entregaron expedientes relacionados con personas desaparecidas. Rocha recibió los documentos antes de ingresar a sus actividades oficiales.
Con su reincorporación, Rubén Rocha Moya vuelve a encabezar directamente el Ejecutivo sinaloense en un contexto marcado por problemas de seguridad, investigaciones abiertas y presión política. Su periodo constitucional como gobernador está previsto hasta el 31 de octubre de 2027, mientras la FGR mantiene en curso las indagatorias relacionadas con los señalamientos formulados desde Estados Unidos.
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