El primer gran revés legislativo del actual sexenio se consumó este miércoles en la Cámara de Diputados. Con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, el pleno desechó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. A pesar de haber librado el trámite en comisiones apenas un día antes, el dictamen naufragó debido a la falta de la mayoría calificada (334 votos), evidenciando una profunda y sorpresiva fractura dentro de la coalición gobernante: sus aliados históricos, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), le dieron la espalda a Morena.
El proyecto presidencial buscaba modificar 11 artículos de la Constitución para, entre otras cosas, rediseñar el sistema de diputados plurinominales, reducir en un 25% el gasto electoral y restructurar el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, fueron precisamente los recortes presupuestales y los cambios en la asignación de escaños los detonantes del quiebre. Líderes del PT, como Reginaldo Sandoval, advirtieron que la iniciativa «generaba una distorsión democrática», mientras que el PVEM exigió que este tipo de reformas se construyan bajo consensos que garanticen equidad, protegiendo así su propia supervivencia política.
Desde la trinchera de la oposición, el rechazo fue unánime y celebrado como una victoria en defensa de las instituciones. El PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en bloque contra lo que calificaron como un «proyecto autoritario». El legislador panista Alan Sahir Márquez, secretario de la Mesa Directiva de San Lázaro, argumentó su voto en contra señalando que la reforma buscaba debilitar a los órganos electorales en lugar de proteger los comicios del crimen organizado. «Votar bajo amenaza no es democracia; las reglas no se cambian para beneficiar a un gobierno», sentenció Márquez durante la sesión.
Ante el inminente fracaso de la iniciativa constitucional, la bancada mayoritaria ya prepara una ruta alterna. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, había admitido horas antes de la votación que no contaban con los números suficientes, confirmando que la Secretaría de Gobernación no logró convencer a sus aliados. Ahora, el oficialismo apunta hacia un «Plan B» enfocado en leyes secundarias que les permitan avanzar en temas clave rumbo a la revocación de mandato de 2027 y la elección judicial de 2028, sin necesidad de tocar la Carta Magna.
Este resultado marca un punto de inflexión en la dinámica de la llamada Cuarta Transformación. El muro de contención levantado por el PVEM y el PT demuestra que el apoyo incondicional hacia Palacio Nacional tiene límites cuando se trata del financiamiento de partidos y la representación legislativa. Mientras la oposición respira aliviada, Morena deberá replantear su estrategia política y sanar heridas internas si busca consolidar su agenda democrática en el futuro.
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