El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció una propuesta de reforma al artículo 21 constitucional para otorgar a la dependencia la capacidad de investigación en materia delictiva. Esta iniciativa busca trabajar en conjunto con la Fiscalía General de la República, bajo la coordinación del Ministerio Público Federal. Además, se planean reformas a las leyes secundarias para mejorar la colaboración en investigación e inteligencia, fortaleciendo el vínculo entre instituciones de seguridad y fiscalías estatales y locales.
Durante una conferencia, la SSPC presentó el primer informe sobre la Estrategia Nacional de Seguridad, destacando el aseguramiento de 820 armas de alto calibre, de las cuales el 65% provienen de Estados Unidos. Un video mostró que la mayoría de estas armas ingresan a México por la frontera norte, subrayando la necesidad de reforzar los controles fronterizos y la cooperación internacional para frenar este flujo ilegal.
García Harfuch también informó sobre la captura de varios delincuentes, entre ellos Edwin Antonio, jefe de una célula delictiva vinculada a Ismael «El Mayo» Zambada. Edwin Antonio era considerado uno de los principales generadores de violencia en Culiacán. En el operativo se incautaron 17 armas largas, un fusil Barrett, cinco armas cortas y mil pastillas de fentanilo. Este golpe al crimen organizado refuerza los esfuerzos del gobierno por desmantelar redes delictivas.
Por otro lado, la Secretaría Marina reportó el decomiso más grande en su historia: 8,361 kilos de cocaína y 8,000 litros de combustible, además de la detención de 23 personas y el aseguramiento de seis embarcaciones. Este operativo demuestra el compromiso del gobierno con el combate al narcotráfico y el crimen organizado, subrayando su capacidad para llevar a cabo acciones contundentes contra estas amenazas.
En cuanto a los operativos militares, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, aseguró que «sistemáticamente no se violan los derechos humanos». La Fiscalía General de Justicia Militar investiga cualquier posible delito del fuero militar. Trevilla enfatizó que las instrucciones presidenciales son actuar conforme a derecho y garantizar que no haya impunidad.
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