Paquete Económico 2027 contempla trazabilidad del IEPS para combatir huachicol fiscal

El Gobierno federal incluirá en el Paquete Económico 2027 nuevas medidas para fortalecer la trazabilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles, con el objetivo de combatir la evasión fiscal y cerrar espacios al contrabando conocido como “huachicol fiscal”, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La propuesta será presentada formalmente ante el Congreso de la Unión el próximo 9 de septiembre y buscará establecer un seguimiento más preciso de la gasolina y el diésel desde el momento en que ingresan al país hasta que son comercializados al consumidor final.

Sheinbaum aclaró que no se trata de crear un nuevo impuesto ni de aumentar por esta vía el IEPS vigente, sino de mejorar los mecanismos de fiscalización para garantizar que las operaciones relacionadas con combustibles sean declaradas correctamente y cumplan con sus obligaciones tributarias.

El sistema pretende permitir que las autoridades conozcan quién importó el combustible, quién lo transportó, dónde fue almacenado y finalmente en qué estación de servicio fue vendido. De esta manera, la información comercial podrá cruzarse con los registros tributarios y detectar irregularidades en el pago del IEPS.

La trazabilidad también permitirá identificar diferencias entre el volumen de combustibles que legalmente se produce o importa y la cantidad que finalmente aparece en el mercado. Si las ventas superan los registros oficiales de entrada y producción, las autoridades podrán identificar posibles operaciones de contrabando, subregistro o comercialización ilegal.

Como parte de este esquema, las nuevas disposiciones energéticas contemplan mecanismos de identificación para el transporte de hidrocarburos. Entre ellos se encuentra la utilización de códigos QR autorizados por la Secretaría de Energía en unidades que trasladan combustible, con información sobre su origen y destino.

El Gobierno ha trabajado durante los últimos meses en la integración de información que anteriormente permanecía fragmentada entre distintas instituciones. Las bases de datos relacionadas con importaciones, producción, almacenamiento, transporte, comercialización y recaudación podrán ser cruzadas para seguir el recorrido de los combustibles.

La estrategia involucra información de Aduanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía, Pemex y otras dependencias federales, con la intención de construir una vigilancia integral sobre el mercado de hidrocarburos.

El fortalecimiento de los controles ocurre después de distintas investigaciones por importación ilegal de combustibles desde Estados Unidos, mediante operaciones en las que hidrocarburos habrían ingresado al país declarados como otro tipo de mercancías para evitar el pago de impuestos.

Entre los casos investigados se encuentran cargamentos transportados por vía marítima y ferroviaria. A partir de esas operaciones, las autoridades federales reforzaron las inspecciones en puertos y aduanas, además de modificar reglas relacionadas con la importación temporal de combustibles.

La Secretaría de Hacienda también ha fortalecido el intercambio de información con Pemex. El pasado 27 de agosto, la SHCP, la Unidad de Inteligencia Financiera y la petrolera estatal firmaron un convenio para detectar redes relacionadas con robo, comercialización ilegal de hidrocarburos y estructuras financieras vinculadas con estas actividades.

Sheinbaum indicó que uno de los objetivos centrales del Paquete Económico será precisamente reducir la evasión fiscal. La mandataria reconoció que, aunque se han logrado avances en materia de recaudación, todavía existen empresas y mecanismos utilizados para eludir obligaciones tributarias, incluidas las denominadas factureras.

El IEPS a gasolinas y diésel representa además una herramienta relevante dentro de la política energética y fiscal. Al cierre de julio de 2026, la recaudación proveniente de este componente disminuyó 2.1% real anual, principalmente por los estímulos fiscales aplicados para contener los precios de los combustibles.

Con la nueva propuesta, el Gobierno busca que cada litro de combustible comercializado legalmente pueda ser rastreado y relacionado con su correspondiente operación fiscal, reduciendo las posibilidades de que producto introducido irregularmente termine siendo vendido dentro del mercado formal.

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