El pasado lunes 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, una propuesta que, como cada año, delinea la política fiscal del país pero que en esta ocasión ha encendido un álgido debate. Liderada por el secretario Édgar Amador Zamora bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa contempla una serie de nuevos impuestos saludables y modificaciones a gravámenes ya existentes, con el propósito declarado de mejorar la salud pública y atender problemáticas sociales. Sin embargo, la asignación de recursos y la verdadera finalidad de estas medidas han generado una intensa discusión en el ámbito político y entre la ciudadanía mexicana.
Entre las propuestas más destacadas se encuentran los incrementos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que afectan directamente a productos de consumo masivo. Las bebidas azucaradas, incluyendo las versiones light y sin azúcar, verán duplicado su IEPS hasta alcanzar los 3.08 pesos por litro. De manera similar, los productos de tabaco enfrentarán un aumento significativo, pasando de una tasa del 160% al 200%, con ajustes graduales hasta 2030 y la inclusión de nuevas presentaciones como las bolsas de nicotina. La justificación oficial de la presidenta Sheinbaum para estas medidas, defendida el martes 9 de septiembre, es que no buscan únicamente un fin recaudatorio, sino que responden a una estrategia de salud, combatiendo enfermedades como la diabetes y la obesidad.
Un punto de particular atención que ha polarizado la opinión es el gravamen del 8% a los videojuegos violentos. Este nuevo **IEPS** se aplicaría a los servicios digitales de videojuegos con clasificaciones C (para mayores de 18 años) y D (exclusivo para adultos), englobando títulos populares como Red Dead Redemption II, Grand Theft Auto V y Mortal Kombat. La Secretaría de Hacienda fundamenta esta medida en estudios que sugieren una correlación entre el uso de videojuegos de contenido violento y un mayor nivel de agresión en adolescentes, así como otros efectos psicosociales negativos. La presidenta Sheinbaum ha enfatizado que este impuesto se vincula directamente con temas de seguridad y la atención que padres y madres deben prestar al tipo de contenido digital que consumen los jóvenes.
Adicionalmente, el Paquete Económico 2026 propone un incremento considerable al gravamen de las casas de apuestas en línea, elevándolo del 30% al 50%. Este ajuste tiene como objetivo la regulación de los hábitos de juego y la protección de los consumidores. No obstante, la controversia se intensifica al observar otras asignaciones presupuestarias. Mientras los recursos para los impuestos relacionados con la salud y el comportamiento social se debaten, proyectos de infraestructura como el Tren Maya recibirán otros 30 mil millones de pesos, sumando más de 200 mil millones en el sexenio. De igual forma, Pemex y la Secretaría de Energía concentran recursos históricos que superan los 500 mil millones de pesos, en contraste con el sector Salud, que apenas muestra un aumento nominal y una pérdida en términos reales.
Este panorama genera un debate sustancial sobre las verdaderas prioridades gubernamentales y la transparencia en el uso de los fondos públicos. Aunque el gobierno insiste en el carácter no recaudatorio y enfocado en la salud de los nuevos impuestos, la ausencia de un programa etiquetado específico que vincule directamente estos ingresos con iniciativas de bienestar o programas de salud ha levantado cuestionamientos. La discusión se centra en si estos gravámenes serán efectivos para modificar hábitos de consumo o si simplemente representarán una fuente adicional de ingresos para la federación sin un impacto directo y medible en la salud de la población, desviando la atención de otras necesidades cruciales.
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