El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue detenido por autoridades federales como parte de la Operación Enjambre, en una acción que lo señala por presunta extorsión, corrupción y vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con informes oficiales, el edil morenista habría encabezado una red de corrupción desde el Ayuntamiento, mediante la cual servidores públicos exigían pagos ilegales a empresas cerveceras y tequileras, así como a comerciantes de la región.
La captura se realizó en un operativo coordinado en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, FGR, la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, derivado de múltiples denuncias ciudadanas. Además de Rivera Navarro, fueron detenidos al menos tres funcionarios municipales: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas, todos investigados por participar en el presunto esquema de extorsión y desvío de recursos públicos. La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien la enmarcó en la estrategia federal contra la extorsión y la infiltración del crimen en gobiernos locales.
En medios locales se ha documentado que Rivera Navarro ya estaba bajo la lupa desde 2025, cuando fue citado por la Fiscalía de Jalisco por un evento musical en Tequila donde se proyectaron imágenes relacionadas con grupos delictivos, hecho que encendió alertas sobre posibles nexos con el crimen organizado. Las investigaciones actuales lo colocan como presunto líder de una estructura que utilizaba el poder municipal para presionar, cobrar “cuotas” y condicionar permisos o servicios a empresas del corredor tequilero, uno de los más importantes del estado por su peso turístico y económico.
Tras conocerse la captura, la dirigencia estatal de Morena en Jalisco se deslindó del alcalde y afirmó que “ningún servidor público está por encima de la ley”, al tiempo que subrayó que será la justicia la que determine responsabilidades. En un comunicado, el partido enfatizó que la legalidad y la transparencia son principios irrenunciables del movimiento y que el edil detenido, como cualquier persona, tiene derecho a la defensa y al debido proceso, pero sin protección política alguna. Desde la oposición, voces como la del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificaron el caso como un ejemplo de “narcopolítica” y exigieron limpiar a los gobiernos de cualquier injerencia del crimen organizado.
La Operación Enjambre ya había derivado en la detención de tres presidentes municipales del Estado de México, y ahora alcanza a Tequila, lo que refuerza la narrativa federal de que se está golpeando a estructuras criminales incrustadas en ayuntamientos. Para habitantes y empresarios del municipio, el caso abre la expectativa de que se frenen los cobros ilegales, abusos de autoridad y amenazas que denunciaban desde hace meses, pero también deja en evidencia la vulnerabilidad de gobiernos locales frente al poder económico y violento de organizaciones delictivas en regiones clave como el corredor del tequila.
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