Cada tercer domingo de junio, México se llena de felicitaciones, comidas familiares y mensajes sobre paternidad. Pero detrás del festejo hay una realidad que incomoda y que rara vez se pone al centro: el incumplimiento de la pensión alimenticia sigue siendo una deuda enorme en el país. Y aunque el tema ha ganado fuerza en la conversación pública, todavía hay algo revelador: México no cuenta con una sola cifra nacional clara, pública y consolidada sobre cuántos deudores alimentarios hay en total. Lo que sí existe son registros locales, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y distintas señales de que el problema es mucho más grande de lo que suelen mostrar las listas oficiales.
Sí hay registros, pero el país todavía no ofrece una fotografía nacional completa
Desde 2023, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias quedó como herramienta para centralizar información y emitir constancias de no deudor alimentario. Sin embargo, en la práctica, la visibilidad pública sigue dependiendo mucho de lo que reportan entidades y poderes judiciales locales. Eso significa que hay registro, sí, pero no una cifra nacional consolidada, fácilmente pública y actualizada que permita decir con total precisión cuántos deudores alimentarios hay hoy en México. Esa falta de claridad también dice mucho del tamaño institucional del problema.
Donde sí hay números visibles, las cifras ya son fuertes
La Ciudad de México hizo público su Registro de Deudores Alimentarios Morosos en 2025 y entonces se informó que había mil 547 personas registradas. En el Estado de México, un reporte difundido en 2026 mencionó mil 153 registros en el sistema correspondiente. Y en Nuevo León, una iniciativa legislativa citó que el registro estatal reportaba 229 personas en octubre de 2025. No son cifras nacionales ni comparables al cien por ciento entre sí, porque cada entidad puede tener ritmos y criterios distintos de inscripción, pero sí muestran algo evidente: el problema no es marginal y atraviesa varias regiones del país.
La lista visible no cuenta toda la historia
Aquí está uno de los puntos más importantes: una cosa son los deudores inscritos en registros oficiales y otra, mucho más amplia, es el universo de quienes incumplen sin necesariamente aparecer de inmediato en esas listas. Distintos reportes citan datos que muestran que el incumplimiento alimentario afecta a una proporción altísima de familias. Un dato retomado en años recientes señala que tres de cada cuatro hijas e hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, mientras otro registro periodístico habló de que 67.5% de niñas, niños y adolescentes no reciben pensión tras el divorcio de sus padres. En otras palabras, el número de personas formalmente inscritas como deudoras podría ser apenas la punta del iceberg frente al tamaño real del incumplimiento.
La deuda no es sólo legal, también es social y económica
No pagar pensión no significa únicamente incumplir una orden judicial o una obligación familiar. Significa trasladar el costo de la crianza, la alimentación, la escuela, la ropa, la salud y la vida diaria a la otra parte de la familia, casi siempre a las madres. Por eso el debate ya no se queda sólo en el terreno jurídico: el incumplimiento alimentario empuja desigualdad, precariza hogares y golpea directamente a infancias y adolescencias. Lo que se deja de pagar no es un favor: es una obligación básica.
Las sanciones existen, pero el cumplimiento sigue siendo el gran pendiente
En teoría, estar inscrito como deudor alimentario puede tener consecuencias importantes: restricciones para ciertos trámites, obstáculos para acceder a cargos públicos y complicaciones legales y administrativas. La propia conversación pública en la CDMX ha empujado la idea de que quien no cumple con sus hijas e hijos no debería mantener privilegios. Además, decisiones recientes como la de la Suprema Corte, que abrió la puerta al embargo de una parte de la Afore en ciertos casos de incumplimiento, muestran que la presión legal está subiendo. El problema es que, aun con esas herramientas, la justicia alimentaria sigue llegando tarde o de forma insuficiente para miles de familias.
El Día del Padre también debería hablar de responsabilidad
En medio de la celebración, esta fecha podría servir para algo más que regalar corbatas, herramientas o desayunos. También podría abrir una conversación más seria sobre qué significa realmente ejercer la paternidad. Porque ser padre no se reduce a la foto, al discurso emotivo o a la visita anual; también implica cumplir, sostener, acompañar y responder económicamente cuando toca. La paternidad responsable no se presume: se ejerce. Y en un país donde tantas infancias siguen creciendo con pensiones incumplidas, esa discusión ya no debería postergarse.
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