El pasado lunes 18 de agosto, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) anunció el lanzamiento del Proyecto Portero, una iniciativa dirigida a desmantelar a los “guardianes” de los cárteles, quienes controlan los corredores de contrabando en la frontera suroeste entre México y Estados Unidos. Estos operadores son considerados piezas fundamentales para las organizaciones criminales, ya que gestionan el flujo de drogas como fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, y facilitando el tránsito de armas y dinero en efectivo hacia México.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó rotundamente la existencia de algún acuerdo o colaboración directa con la DEA respecto a esta operación. En declaraciones recientes, Sheinbaum subrayó que no se ha firmado ni autorizado ningún convenio formal para el despliegue o ejecución del Proyecto Portero en territorio mexicano y que cualquier cooperación debe respetar la soberanía nacional y cumplir con los canales diplomáticos correspondientes.
La DEA explicó que el Plan incluye un programa de capacitación y colaboración de varias semanas en un centro de inteligencia ubicado en la frontera, donde participan investigadores mexicanos junto con fuerzas del orden estadounidenses, fiscales, personal de defensa y expertos en inteligencia. A través de este entrenamiento, se busca mejorar la coordinación estratégica y el intercambio de información para combatir eficazmente las redes de tráfico de drogas y armas.
Esta diferencia de versiones generó controversia entre ambos países, pues mientras la DEA presenta el Proyecto Portero como una operación binacional en marcha, el gobierno mexicano insiste en que cualquier mecanismo de coordinación debe acordarse formalmente y con pleno respeto a la autonomía nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores está trabajando en otro marco de colaboración que, según Sheinbaum, será distinto y respetuoso de la soberanía mexicana, pero nada tiene que ver con el Proyecto Portero anunciado unilateralmente por la DEA.
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