La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó de manera definitiva la sentencia que obliga a Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic Silver Corp., a pagar un crédito fiscal por 2 mil 868 millones 853 mil 516 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El adeudo corresponde al ejercicio fiscal de 2012 e incluye Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), así como recargos, actualización y multas.
La resolución, aprobada por unanimidad en el pleno de la Corte y elaborada por la ministra Lenia Batres Guadarrama, revocó un acuerdo emitido en febrero de 2025 por la entonces presidenta Norma Piña Hernández, que había admitido a trámite un amparo directo en revisión promovido por la minera. La SCJN desechó dicho amparo tras resolver el recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), determinando que el asunto carecía de relevancia constitucional, pues el sistema tributario mexicano ya contempla mecanismos para atender estos planteamientos.
Durante la sesión, la ministra Batres señaló que la minera había solicitado el aplazamiento de la resolución bajo el argumento de estar dialogando con el fisco para llegar a un acuerdo. Sin embargo, la Corte aclaró que no existe ninguna base normativa para decretar tal aplazamiento ni diferir el cumplimiento de la obligación fiscal, por lo que ordenó rechazar la petición y mantener la ejecución inmediata del fallo.
Primero Empresa Minera alegó la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley del ISR y del Código Fiscal de la Federación, pero la SCJN recordó que la compañía ya había promovido amparos previos por los mismos motivos, todos resueltos en contra por anteriores fallos del máximo tribunal. Así, enfatizó que ya no existen temas de excepcionalidad que ameriten una nueva revisión judicial.
Además, la Corte impuso a la empresa una multa de 70 UMA (cerca de 8 mil pesos) el pasado 23 de octubre por promover un recurso de impedimento infundado contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en lo que los ministros calificaron como “argucias procesales” para intentar retrasar el fallo. Destacaron que sanciones de esta naturaleza buscan poner freno a prácticas dilatorias y dar certeza a la recaudación fiscal en el sector minero nacional.
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