México expresó su firme rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que desestimó una demanda presentada por el gobierno mexicano contra fabricantes de armas. Esta controversia inició en agosto de 2021, cuando México presentó una demanda ante una corte federal en Massachusetts, acusando a al menos dos empresas del sector armamentístico de contribuir al tráfico ilegal de armas hacia el país.
La Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) otorga inmunidad a los fabricantes, ya que no se probó que estas empresas «ayudaran y facilitaran» el tráfico ilegal de armas hacia México. Sin embargo, en enero de 2024, una Corte de Apelaciones había determinado que la conducta de las empresas no estaba cubierta por esta protección, lo que permitía que la demanda continuara.
La decisión de la Corte Suprema anuló este fallo previo, impidiendo que México ejerciera acciones legales contra las empresas armamentísticas. A pesar de esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México afirmó que seguirá trabajando para frenar el tráfico ilegal de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles.
México argumenta que las empresas han mantenido deliberadamente un sistema de distribución que incluye a comerciantes de armas que, a sabiendas, venden armas a terceros o «compradores de paja», quienes luego trafican con los cárteles mexicanos. Esta práctica, según México, ha alimentado la violencia y ha nutrido a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas.
La lucha contra el tráfico de armas es un tema crucial para México, ya que el país ha enfrentado durante años una grave crisis de seguridad debido al flujo constante de armas ilegales provenientes de Estados Unidos. La demanda original presentada por México acusaba a las empresas de violar varias leyes tanto estadounidenses como mexicanas.
Aunque esta decisión de la Corte Suprema desestimó la demanda contra los fabricantes de armas, la SRE destacó que esta determinación no afecta a otra demanda presentada por el gobierno mexicano en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas de armas. Esta acción legal sigue en curso y refleja la determinación de México por abordar el problema del tráfico de armas desde distintos frentes legales.
La resolución de la Corte Suprema devuelve el caso a la corte de distrito correspondiente para su continuación de acuerdo con la decisión emitida. México reiteró su compromiso de hacer lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, utilizando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles.
Este rechazo de la demanda por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos no solo afecta a México, sino que también tiene implicaciones más amplias en el contexto de la cooperación bilateral entre los dos países en materia de seguridad. La lucha contra el tráfico de armas es un desafío complejo que requiere esfuerzos conjuntos y una colaboración efectiva entre las autoridades de ambos lados de la frontera.
En este sentido, la posición de México refleja una firme determinación de abordar las causas profundas del tráfico de armas, que no solo afectan a la seguridad nacional, sino que también tienen implicaciones regionales y globales. La persistencia de México en buscar justicia y responsabilidad en este tema es un paso crucial hacia la reducción de la violencia y la mejora de la seguridad en el país y en toda la región.
En momentos en que la cooperación internacional es más necesaria que nunca, decisiones como las de la Corte Suprema de Estados Unidos ponen de relieve la importancia de fortalecer los mecanismos legales y diplomáticos para abordar problemas transnacionales como el tráfico de armas. La lucha contra este flagelo requiere no solo de la voluntad política, sino también de la creatividad legal y la determinación de los gobiernos.
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