En un movimiento histórico para los derechos humanos en México, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que prohíbe las terapias de conversión sexual, conocidas como «terapias de conversión», con una votación de 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones. Estas prácticas, que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas, han sido ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos por ser perjudiciales y carecer de base científica.
La reforma introduce cambios significativos en el Código Penal Federal y adiciona un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud, estableciendo sanciones que incluyen multas y penas de cárcel de hasta seis años para quienes realicen o promuevan estas prácticas. Esta medida representa un avance significativo en la protección de la comunidad LGBT+ en México, garantizando sus derechos y su bienestar.
Organizaciones de la sociedad civil y activistas LGBT+ han celebrado la aprobación de esta reforma, destacando su importancia en la lucha contra la discriminación y la violencia hacia la comunidad. Han señalado que estas terapias no solo son ineficaces, sino que también contribuyen a la estigmatización y el sufrimiento de las personas LGBT+, aumentando el riesgo de depresión y suicidio entre quienes son sometidos a ellas.
Sin embargo, la reforma ha enfrentado oposición de algunos sectores que argumentan que infringe la libertad de religión y expresión. Estos grupos han expresado su preocupación por las implicaciones de la ley, argumentando que podría limitar la capacidad de las organizaciones religiosas para ofrecer orientación espiritual. A pesar de estas críticas, la mayoría de los legisladores y la opinión pública han mostrado su apoyo a la prohibición de las terapias de conversión, considerándolas una violación de los derechos humanos.
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