El Gobierno de México presentó 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado en Estados Unidos por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurrida durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los fallecimientos se han registrado desde mayo de 2025 y que las acciones legales buscan que las autoridades estadounidenses esclarezcan cada caso, determinen posibles responsabilidades y garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
Las denuncias fueron presentadas por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, ante autoridades con jurisdicción en los lugares donde ocurrieron los hechos. Ocho recursos fueron interpuestos en fiscalías estatales y otros 12 en fiscalías de condado.
Los casos se encuentran distribuidos en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, entidades en las que se registraron los fallecimientos de los connacionales.
Además de las denuncias locales, la Embajada de México remitió al Departamento de Justicia estadounidense, a través del Departamento de Estado, una denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República para solicitar la apertura de investigaciones formales y recibir información sobre el avance de cada expediente.
La Cancillería también sostuvo reuniones con representantes del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE, ante quienes expresó la preocupación del Gobierno mexicano por las condiciones existentes en los centros de detención migratoria, incluidos aquellos operados por empresas privadas.
Durante esos encuentros, México solicitó que se transparenten las investigaciones y que se determinen las circunstancias exactas en las que murieron los 17 connacionales, así como las condiciones médicas, de vigilancia y de atención que recibieron antes de sus fallecimientos.
La estrategia también fue llevada al ámbito internacional. El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, envió una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para informarle sobre los casos y solicitar su intervención.
En la carta, México pidió que el organismo de la ONU analice si los hechos son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, recabe información del Gobierno de Estados Unidos y, en su caso, formule recomendaciones para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la red consular mantiene acompañamiento permanente a las familias de las víctimas, mediante asistencia jurídica, apoyo para la repatriación de restos y la realización de gestiones ante autoridades estadounidenses.
Estas acciones dan seguimiento a la instrucción anunciada el 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió agotar las vías diplomáticas, legales y multilaterales para exigir el esclarecimiento de los fallecimientos.
El Gobierno mexicano aseguró que continuará dando seguimiento a las respuestas del Departamento de Justicia, las fiscalías locales y los organismos internacionales, y que informará a las familias sobre cualquier avance en las investigaciones.
La Cancillería reiteró que la protección de los mexicanos en el exterior es una prioridad y sostuvo que las políticas migratorias deben aplicarse con respeto a la dignidad, la integridad física y el debido proceso de todas las personas.
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