México busca fortalecer uno de sus productos agrícolas más reconocidos en el mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves 1 de octubre la firma de dos acuerdos con productores y empacadores exportadores de aguacate, con el objetivo de reforzar la producción, la sanidad y las condiciones que permiten comercializar el fruto en mercados internacionales.
Los convenios fueron establecidos con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, organización vinculada principalmente con la producción de Michoacán y Jalisco, dos de las entidades con mayor presencia dentro de la cadena exportadora.
Sheinbaum destacó la importancia económica del sector y señaló que la exportación de aguacate genera ingresos cercanos a 3 mil 500 millones de dólares anuales, además de miles de empleos vinculados con el cultivo, empaque, transporte y comercialización.
Los documentos buscan fortalecer tres aspectos centrales: producción, seguridad y sanidad. El contenido detallado de los acuerdos será difundido entre los productores en los próximos días para establecer los mecanismos mediante los cuales se aplicarán las nuevas medidas.
Pero el plan no se limita a producir y exportar más. El Gobierno federal también pretende que el crecimiento del sector esté acompañado por criterios ambientales. Sheinbaum explicó que las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, junto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, trabajan en mecanismos destinados a evitar que la expansión de las huertas de aguacate provoque deforestación.
La estrategia ambiental contempla reforzar la identificación de la producción proveniente de huertas que cumplan con criterios de conservación forestal. El Gobierno ha señalado que busca impedir que el aguacate destinado a exportación esté vinculado con terrenos deforestados, particularmente en regiones productoras de Michoacán y Jalisco.
A este esquema se suma un nuevo componente laboral. Desde este 1 de octubre, las empresas que exportan aguacate deberán contar con el Certificado Laboral para la Agroexportación, mecanismo que busca verificar que los trabajadores vinculados con la cadena productiva estén registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La Secretaría del Trabajo estima que esta política podría beneficiar a cerca de 200 mil trabajadores del campo mediante un proceso gradual de incorporación a la seguridad social. La primera etapa comenzó precisamente con la industria aguacatera y posteriormente se pretende extender el modelo a otras cadenas agroexportadoras, entre ellas las berries.
El nuevo esquema combina así tres frentes: competitividad internacional, cumplimiento laboral y protección ambiental. Para el Gobierno federal, la meta es mantener la presencia del aguacate mexicano en los mercados internacionales bajo reglas que acrediten su origen, condiciones sanitarias y cumplimiento de obligaciones laborales y ambientales.
Con los acuerdos firmados este jueves, productores y autoridades comienzan una nueva etapa para una industria que representa miles de millones de dólares para México. El reto será que las medidas anunciadas logren traducirse en mayor certidumbre para las exportaciones, mejores condiciones laborales y una producción que reduzca su impacto sobre los bosques.
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