México está en un momento crucial de su relación comercial con Estados Unidos, debido a la imposición inminente de un arancel del 30% a productos mexicanos que aplicará el gobierno estadounidense a partir del 1 de agosto de 2025. Esta medida, anunciada el pasado sábado por el expresidente Donald Trump, afecta a una amplia gama de productos exportados por México —lo que genera incertidumbre y preocupación en sectores clave de la economía nacional y pone en riesgo miles de empleos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que su administración trabaja intensamente en negociaciones para lograr un acuerdo global con Estados Unidos que aborde no sólo el comercio, sino también temas de seguridad y migración para evitar que este arancel impacte negativamente en la economía mexicana.
Desde hace semanas, ambos gobiernos han mantenido mesas de diálogo con el objetivo de llegar a un compromiso antes del primero de agosto. México y Estados Unidos sostienen una relación comercial estrecha y robusta, con intercambios que ascienden a aproximadamente 840 mil millones de dólares anuales, que representan un pilar fundamental para ambos países.
Sin embargo, la tensión comercial se ha incrementado debido a las medidas arancelarias previas, como el 50% a productos como acero, aluminio y cobre, y específicamente una tarifa del 17% al jitomate mexicano impuesta recientemente por Washington, lo que afecta directamente a más de 2,800 millones de dólares en exportaciones agrícolas mexicanas.
El gobierno estadounidense justifica estas tarifas argumentando que México practica un supuesto “dumping” o venta por debajo del costo en sectores como el agrícola, especialmente en el mercado del tomate, donde México es el principal proveedor de Estados Unidos.
Dos de cada tres tomates consumidos en suelo estadounidense son importados de México. No obstante, esta acusación ha sido negada firmemente por México, que sostiene que la relación comercial debe basarse en el comercio justo y la colaboración bilateral. Por su parte, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, ha declarado que, aunque México deberá pagar este arancel por ahora, confía en lograr una negociación que revoque este y otros gravámenes debido al impacto económico que también tendría para Estados Unidos.
La instauración de estos aranceles ha generado un clima de incertidumbre en la economía mexicana, afectando sectores vitales como la industria automotriz, que representa el 5% del Producto Interno Bruto y el 32% de las exportaciones totales del país.
A pesar de este contexto adverso, las autoridades mexicanas mantienen el compromiso de proseguir con las negociaciones en busca de un arreglo que permita eliminar estos costos adicionales y fortalecer la cooperación en todas las áreas señaladas por ambas partes. La presidenta Sheinbaum enfatizó en que se trabaja con “sangre fría y perseverancia” para que las conversaciones fructifiquen antes de que el nuevo arancel entre en vigor.
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